Para que no quede ninguna duda de que se trata de una verdadera mafia, el esquema de estafa con pagarés también amenaza, amedrenta, atenta contra las personas que los denuncian y defienden a las víctimas.
El abogado Jorge Rolón Luna es quien ha revelado más recientemente haber recibido amenazas y ha dado nombre, en su caso, del ex secretario general del Sindicado Nacional de Directores (Sinadi) –que reúne a directores de las instituciones educativas– Miguel Marecos.
Rolón Luna fue quien hace más de un año comenzó a entrever que las estafas con pagarés no eran casos aislados, que más bien se trataba de una estructura de asociación criminal que se dedicaba a esquilmar a personas de preferencia vulnerables, como son los docentes, trabajadores de la salud, jubilados, etc., y que eran miles las víctimas; por lo tanto, comenzó a denunciar.
En ese contexto fue que se acercó a Miguel Marecos, buscando apoyo para tratar de organizar a las docentes para realizar la denuncia de manera colectiva y tener más fuerza y más visibilidad.
Sin embargo, la respuesta que recibió fue una velada amenaza que intentaba parecer una advertencia: “Antes de hacer esta denuncia –dijo en nota con Radio Monumental 1080 AM–, yo me puse en contacto con un personaje que dirige o dirigía una asociación de directores de colegios del Ministerio de Educación; un dirigente sindical gremial, digamos”. Se trataba de Miguel Marecos.
“Y él me dijo –prosiguió– que él no iba a participar de esto, porque veía que nadie iba a hacer nada y que no sé qué. En un momento dado me dijo: ‘Van a ir a disparar a tu casa, a esa gente no le cuesta nada hacer eso’. Pero, en realidad, más que como una cuestión de buena onda, yo entendí como una amenaza de parte de él, y es que este negocio es multimillonario, hay mucho dinero en juego aquí”.
ATENTADO. Pero el caso del abogado Jorge Rolón Luna no es el primero. También el director del medio periodístico El Observador, Carlos Benítez Gauto, fue blanco de amenazas, recibió amenazas de anónimos a través de las redes sociales, incluso su vivienda fue atacada a tiros mientras él se encontraba fuera. La denuncia fue que el ataque criminal y las amenazas respondían a sus publicaciones contra la llamada mafia de los pagarés.
La investigación fiscal llevó a la detención, la semana pasada, de una persona como presunta responsable de las amenazas anónimas que recibía el periodista.
Pero esto no queda allí. Semanas atrás, la abogada Noelia Núñez, quien tiene la defensa de varias víctimas de este esquema criminal y corrupto, denunció entre lágrimas que recibía amenazas, hostigamientos, por el trabajo que estaba realizando.
“Hace meses empezaron a molestarme, hostigarme y amenazarme por redes sociales e, inclusive, a mis hijos. Tuve que aislarme y trabajar de manera sigilosa”, relató la profesional con notoria angustia.
“No solo se habla de poder, sino de falta de pudor. Tienen capacidad económica, logística, padrinazgo e incluso gente involucrada desde el ego que no es visible a nosotros”, dijo Núñez en su oportunidad.
TRAMA. La verdad es así como describe la abogada Núñez, ya que en el esquema perverso están metidos jueces de Paz (cinco ya están procesados), funcionarios de estos juzgados de Paz, como ujieres y notificadores, además de abogados de casas de cobranzas (diecinueve firmas en total están vinculadas al esquema), mientras los tentáculos llegan a lo más alto, como los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia, específicamente hasta el mismísimo presidente de la Máxima Instancia Judicial, César Diesel, cuyo hermano es accionista de una de las empresas de cobranzas relacionadas con el esquema de la mafia de los pagarés.
En el Congreso se ha conformado una comisión que investiga y, sobre todo, reúne y escucha a las víctimas de la mafia, que suman por miles, en algunos casos soportando por años el embargo de sus salarios para pagar una deuda que, antes que disminuir, a diario suma por millones.
3.000 millones de guaraníes es la deuda con la que este esquema tortura psicológicamente a la docente Liz Prieto.
