Guillermo Preda es funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) y estuvo comisionado a la Seprelad, donde prestó servicios durante el gobierno de Mario Abdo Benítez e investigó casos de lavado de dinero, entre ellos los hechos vinculados al ex presidente de la República Horacio Cartes.
El 15 de marzo del año pasado fue imputado por supuesta revelación de secretos junto a otros funcionarios del gobierno anterior y el ex presidente Abdo Benítez.
Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa del funcionario, relató que tres días después de la imputación, el asesor jurídico del IPS, José González, quien pertenece al equipo de Jorge Bogarín, dictaminó que cabía aplicarle el estatuto del funcionario de la institución y suspenderlo sin goce de sueldo, sin sumario administrativo de por medio, lo cual colisiona con el decreto.
Desde su suspensión, el contador se ha quedado sin trabajo y sin el sustento diario, por lo que organiza una comilona en el Centro Cultural y Deportivo Panambiretá con variadas opciones de comidas a G. 30.000 y asado a G. 50.000. La actividad tendrá lugar este domingo a partir de las 12:00 horas.
El club está ubicado en la calle Panambiretá y Ecuador de Asunción. Las transferencias se pueden realizar a Nancy Elizabeth Grance González, al número de cuenta 814773003 del Banco Familiar y con alias 0961977699.
Preda había señalado que la sanción forma parte de una venganza por informar de actividades ilícitas que violan la Constitución, el derecho internacional y otros secretos que rigen la normativa de los funcionarios públicos.
El Ministerio Público ya acusó por esta causa a los ex ministros del ex presidente Mario Abdo Benítez por supuestas filtraciones de información confidencial sobre el ex mandatario Horacio Cartes.
Entre los acusados están Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira y Daniel Farías. También se suman Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.
La acusación fue firmada por los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, tras la recusación de los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres y César Sosa, además de la fiscala adjunta Matilde Moreno y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Los hechos punibles atribuidos son asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.
