Si bien la protección de datos, a través de una ley es necesaria para salvaguardar a ciudadanos de los robos de identidad u otros hechos ilícitos, la versión que fue recientemente sancionada por el Congreso provocó posturas contrarias entre figuras políticas.
La crítica principal recae en el polémico artículo 24, por el cual se crea una barrera para acceder a información sobre los funcionarios públicos, específicamente sobre su salario u otros beneficios que reciben del Estado.
Entre las posturas más fuertes en contra se encuentra la de la ex senadora progresista Desirée Masi, una de las promotoras de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental en Paraguay.
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La ex legisladora opositora rechaza cualquier proyecto que signifique un retroceso en las herramientas que tienen los ciudadanos para saber cómo se reparten los recursos públicos, por lo que sostuvo que la normativa en cuestión, independientemente de que la versión sea de Senado o Diputados, “es inconstitucional”.
De acuerdo con su posteo en X, el acceso a la información pública pasó por un arduo proceso legislativo, resultado de consensos con diferentes partidos. Además, significó un enorme avance en la lucha contra la corrupción en la última década.
Por eso, para Desirée Masi no existe un perjuicio menor al votar por versiones señaladas por la oposición como “Frankenstein” y “Drácula”.
“Para mí, sabiendo el esfuerzo ciudadano detrás del proyecto original, el trabajo para lograr la aprobación en ambas cámaras, la firma del presidente, los avances enormes en la lucha contra la corrupción con el uso de la ley en los últimos 10 años y habiendo sido proyectista con gente de todos los colores de la ley de acceso, no existe mal menor. En la práctica mataron la herramienta”, escribió.
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Igualmente, culpó al oficialismo, representado por el movimiento Honor Colorado (HC), de matar en la práctica el acceso a la información pública.
El veredicto final está en manos del Ejecutivo, ya que el presidente de la República, Santiago Peña, debe analizar si veta o promulga la ley, y Masi adelantó –según su criterio– que el mandatario se volcará por el secretismo.
“El presidente Santiago Peña debería vetar, pero todos sabemos que no lo va a hacer, acompaña y alienta el secretismo, empezando por él mismo, su esposa y toda su rosca. Y te hablan de lucha contra la corrupción”, ironizó.
El Senado ratificó la versión de su proyecto con 24 votos a favor, sumando un número más a la mayoría simple.
