Bajo el argumento de falta de dolo, el abogado Andrés Casati, de la firma Imedic SA, refutó las afirmaciones del ministro Arnaldo Giuzzio, quien dijo que el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) revela que hubo tentativa de estafa por parte de los empresarios.
En pocas palabras, el representante legal sostuvo que no se reúnen los presupuestos para hablar de la existencia de ese hecho delictivo en el proceso de entrega de los insumos médicos, licitados en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria.
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“No sé qué dolo puede haber en un empresario que fue invitado de segunda a asumir un compromiso en una época de crisis mundial, endeudarse, pasar mil peripecias y que el Estado busque cualquier excusa para rechazar”, se preguntó.
Casati reiteró que aún está pendiente de resolución, por parte del Ministerio de Salud Pública, el pedido de reconsideración presentado hace un mes ante la rescisión del contrato.
“Nosotros hemos presentado en tiempo y forma un recurso solicitando que abran una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a los efectos de devolver el anticipo de USD 3 millones y retirar la mercadería”, insistió.
Afirmó que la judicialización del caso sería un proceso aún “más desangrante”, atendiendo que ya tienen otros procesos encima.
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El abogado criticó el accionar de la comisión de control, integrada por el Poder Ejecutivo, al tomarse atribuciones para descalificar y afectar otros procesos de la empresa.
“Esta comisión, no sé con qué atribuciones, está descalificándolo para que participe en nuevas licitaciones, le cancelaron el pago de las licitaciones anteriores a nivel ministerial e Instituto de Previsión Social (IPS), en todas las que participó y proveyó”, mencionó.
El Ministerio de Salud había iniciado en mayo pasado el proceso de rescisión de contrato con la empresa, luego del rechazo del primer lote de insumos y equipos que no reunían las especificaciones técnicas.
La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) suspendió temporalmente a la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), mientras que la Fiscalía imputó a la titular de la firma.
Patricia Ferreira está imputada por uso de documentos falsos y comercialización de medicamentos no autorizados.
