En medio de la polémica rescisión de contrato firmada este lunes por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para finalizar la adjudicación de las empresas Imedic SA Y Eurotec SA, el abogado de las firmas proveedoras apuntó a una especie de “artimaña” para eludir responsabilidad.
Andrés Casati, en contacto con radio Monumental 1080 AM, indicó que la resolución básicamente lo que hace es culpar a las empresas de los vicios en los procesos licitatorios a cargo del Ministerio de Salud.
“El ministro (Julio Mazzoleni) lo que pretende es lavarse las manos y la cara de los vicios o errores que admitió Salud, e imputar la culpa al proveedor”, sentenció.
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El representante legal explicó que la figura debió ser la nulidad del contrato, no así la rescisión. Señaló que con ello no agotan las instancias de litigio judicial y se procede al pago directo de los G. 17.000 millones, que fue el monto pagado por el anticipo.
Casati aclaró que un proceso de nulidad no impide la apertura de procesos investigativos a los funcionarios implicados ni a las empresas.
“Nuestro espíritu no es litigar, sino devolver el dinero inmediatamente para poder avanzar, pero tampoco nos podemos hacer cargo de que el Ministerio de Salud se quiera lavar las manos a través nuestro”, refirió.
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Sobre el punto, agregó que con este escenario, el Estado paraguayo tiene todas las de perder ante un tribunal e incluso apuntó a que Mazzoleni se expone a un proceso de lesión de confianza.
“Hasta el junior más joven de mi estudio jurídico le va a ganar al Estado paraguayo si litigamos”, expresó al tiempo de afirmar que tras las decisiones hay intereses de todos los sectores.
“Por una cuestión mediática, política y de falta de postura no se está aplicando la figura correcta, lo cual si está inversa en los vicios, cabe la nulidad y no la rescisión”, reiteró.
Antecedentes del caso
Imedic SA y Eurotec SA fueron adjudicadas por Salud para la provisión de insumos médicos, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El contrato fue por un valor total de G. 85.220 millones, de los cuales G. 37.268 millones corresponden al contrato con Eurotec, empresa que está vinculada a la otra adjudicada, Imedic SA.
El proceso se dio por la vía de la excepción, ante la urgencia de la cartera por contar con los equipamientos de bioseguridad.
Sin embargo, cuando el cargamento llegó al parque sanitario se constató que algunos de los productos no cumplían con los requerimientos técnicos y documentales.
Al margen de estas cuestiones, saltaron a la luz una serie de irregularidades dentro del proceso de adjudicación y que puso en el ojo de la tormenta al comité de evaluación de la licitación.
A raíz de ello se anunció la apertura de sumarios a todos los miembros del comité evaluador y al ex director de Contrataciones de Salud, Pablo Lezcano.
