El abogado Óscar Tuma, quien representa al recientemente destituido presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) Pastor Soria, imputado por supuesta coima, lavado y asociación, señaló que aún no tuvo acceso a la carpeta de la Fiscalía.
El profesional anunció que una vez que tenga acceso a la carpeta de imputación, brindará “respuestas claras, completas y precisas” sobre la causa. Este jueves le darán una copia íntegra de la carpeta fiscal.
La semana pasada, tras la presentación de la imputación, Soria fue destituido de su cargo y en su reemplazo fue designado al ingeniero Ramiro Samaniego.
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Las sospechas de cobro de coimas
Las sospechas que tiene la Fiscalía en contra de Soria y otras diez personas, entre ellos funcionarios del Senave, es que supuestamente se solicitaban sumas de dinero en concepto de coimas para expedir documentos.
La carpeta fiscal detalla que se solicitaron hasta G. 10 millones para la expedición de certificados que cuestan solo G. 17.715. Estos certificados habilitan la importación de productos frutihortícolas.
La Fiscalía habla de un “esquema” de cobro ilegal de aranceles para autorizar la expedición de esta Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi).
¿Cuál era el modus operandi?
La fiscala Yeimy Adle explicó que Soria, como presidente de Senave, formó un “esquema organizado” y era el que facilitaba supuestamente los teléfonos de sus funcionarios a los importadores, cuando estos se quejaban de las “excesivas demoras”.
Al final, todos salían ganando un poco de dinero.
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Según la carpeta fiscal, el esquema estuvo conformado así:
Se sospecha que Ramona Ysabel Arce era nexo con los funcionarios y habría agilizado las aprobaciones de las Afidi a cambio de sumas de dinero en efectivo.
Plinio Alcibidades Gamarra, también considerado como otro de los nexos, apresuró la aprobación de los certificados, a cambio de transferencias a su cuenta, dinero que luego era transferido supuestamente al presidente Pastor Soria.
Sergio Marcos Rodríguez, funcionario del Senave, que se encargaba del control de cargas en el Mercado de Abasto, habría exigido a importadores dinero transferido a Plinio. Además, de pedir para él cierto monto, según la Fiscalía.
Del esquema también habrían participado el director de Protección Vegetal, Herminio David Batte, quien verificaba las autorizaciones de las Afidi que ingresaban a la Ventana Única del Importador, y Juan José Lezcano, inspector oficial de Puerto Falcón.
Para la Fiscalía, estos autorizaban “de forma inmediata” las acreditaciones, “luego de que los importadores se veían obligados al pago fuera de los cánones legalmente establecidos”.
