El hábeas corpus genérico fue planteado por la abogada Raquel Talavera ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia este jueves, con el objetivo de que se arbitren los medios para disminuir la sobrepoblación carcelaria del penal de Tacumbú, informó el periodista Raúl Ramírez.
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El planteamiento se da una semana después de los hechos de violencia registrados en el Penal de Tacumbú, donde los presos no solo tomaron de rehén a una gran cantidad de guardiacárceles y mantuvieron por varias horas el control del establecimiento penitenciario, sino que también asesinaron a siete presos de forma violenta, varios de ellos decapitados.
En el recurso presentado por la abogada, se critica la absoluta capacidad de garante que tiene el Estado para garantizar “por lo menos” la vida de los internos.
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La abogada fue durante mucho tiempo representante de los líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez.
Esta no es la primera vez que se trata el tema, ya que incluso existen proyectos en el Congreso sobre la intención de reducir la población carcelaria a nivel país, debido a que una gran cantidad de presos no cuentan con condena y la Justicia abusa de la medida de prisión preventiva.
La situación de sobrepoblación es criticada y expuesta desde hace muchos años por medios de comunicación, mientras que el Ministerio de Justicia no da respuestas acertadas ante el problema. Las cárceles albergan prácticamente en el mismo lugar a criminales peligrosos y a otros ciudadanos con cargos menores o sin condena.
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Los hechos de violencia que se registran en las cárceles por disputas de grupos criminales no solo reflejan la violencia existente y la lucha por el control de droga, sino también la incapacidad del Ministerio de Justicia para dar una solución a largo plazo.
Las soluciones parches son las más comunes dentro del sistema penitenciario, con el cambio de directores o el sumario de funcionarios, quienes se ven a veces entre la espada y la pared ante la peligrosidad de presos y posibles represalias contra ellos y sus familiares al no acceder a las peticiones de estos grupos, como el clan Rotela, el Primer Comando Capital y otros.
