Fiscalía busca desbaratar privilegios y corrupción en penal de Emboscada tras fuga de reos

La fuga de dos reclusos del Módulo 7, del sector de alta seguridad, del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, del Departamento de Cordillera, no fue un hecho aislado ni una simple falla operativa, según explicó la fiscala Fabiola Sosa, que está al frente de las pesquisas.

Detrás de la evasión —que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, calificó como “liberación de presos”— se oculta un esquema de corrupción y privilegios.

“La sospecha inicial que tenemos es que esto fue autorizado tanto por el director como por el jefe de seguridad penal, que es el subcomisario (Derlis) Cáceres”, afirmó la fiscala en comunicación con radio Monumental 1080 AM, refiriéndose al ex coordinador de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, quien se encuentra prófugo. En la mañana del último miércoles allanaron su vivienda en Villa Elisa y no lo encontraron.

Junto a él, apuntó también Pablo Abel González Apuril, ex director del penal, que ya fue detenido en prosecución de la fuga de dos reos.

Ambos habrían facilitado teléfonos celulares a Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes guardaban reclusión en el Módulo 7 y lograron evadirse el pasado domingo.

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La hipótesis fiscal sostiene que existía un esquema coordinado que facilitaba concesiones irregulares y el ingreso de tecnología prohibida a reclusos con poder adquisitivo.

“El guardia no puede entrar a penitenciaría con un celular, se le hace el cateo, hay otros, muchos funcionarios están en las zonas de controles de ingreso a la penitenciaría y entonces un solo guardia no va a tener el poder evadir esos controles”, agregó la representante del Ministerio Público.

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El análisis de las cámaras de seguridad permitió detectar que los funcionarios penitenciarios utilizaban portones de admisión no habilitados para sacar o introducir objetos prohibidos.

La investigación señala que ambas autoridades habrían ordenado a los agentes penitenciarios desaparecer los teléfonos “antes de que lleguen los policías o la Fiscalía”, previendo una “requisa general” tras confirmarse la evasión.

Traslados irregulares

Entre las irregularidades se investiga un supuesto esquema de traslados de personas de alta peligrosidad como Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes; el pastor José Insfrán, investigado en el operativo A Ultranza, y otros que convivían en el Módulo 7 Alta del penal, una zona no habilitada por el Ministerio de Justicia, gozando de privilegios.

“Estamos solicitando documentaciones para ver todo el circuito. Tenemos que ver por qué se dieron estos traslados, porque nos dijeron que no tenían ninguna autorización de traslado. Tenemos que verificar si esto correspondía, son personas de alta peligrosidad y por su perfil deberían estar en el Módulo 8, de máxima seguridad”, agregó.

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Los internos cuentan con electrodomésticos de cocina, ventilador de pie, un speaker (parlante) y cigarrillos. El único autorizado era la zona baja y el módulo contiguo, que es el Módulo N° 8, de Máxima seguridad, donde debían estar la mayoría de ellos.

Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, expresó su preocupación en la víspera hacia el incumplimiento con internos de máxima seguridad en diálogo con Última Hora.

“Este modelo de gestión penitenciaria no funciona e implica que acá hay un riesgo enorme para las personas que trabajan para los operativos, como los del caso A Ultranza”, advirtió.

Su criterio giró en torno al peligro y la vulnerabilidad en la que se encuentran tanto las autoridades que combaten al crimen organizado.