La abogada Milena Pereira Fukuoka, especialista en derechos humanos e integrante de una organización que trabaja especialmente la problemática de los desalojos forzosos de comunidades en el Paraguay, explicó cómo trabajó en la restitución de tierras a la comunidad indígena K’a Poty, que había sido desalojada de Itakyry, Alto Paraná.
La abogada señaló que este martes la comunidad pudo ejercer parte de la medida de protección de urgencia que le fue otorgada el 30 de julio por la jueza Magalí Zavala para ingresar a sus tierras, las cuales se encuentran en proceso de litigio por unos supuestos títulos interpuestos.
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“Tras sortear todos los obstáculos institucionales imaginables, las amenazas directas a su lideresa por parte de civiles armados a cargo de la señora Liz Carolina Alfonzo, las calumnias, la discriminación y el desprecio en sus formas más crueles, ayer esta comunidad logró que le sea restituida provisoriamente una parte de su tekoha”, expresó.
Asimismo, dijo que como sociedad y Estado se dio un paso histórico al hacer que se cumpla una resolución judicial que protege derechos territoriales indígenas y que repara, en una pequeña pero valiosa parte, las gravísimas violaciones de derechos fundamentales que la comunidad sufrió.
La abogada recordó que la comunidad “fue desalojada de un modo ilegal y criminal y que ninguna comunidad indígena puede ser removida de sus tierras sin su consentimiento. En este caso, la comunidad contaba incluso con título de propiedad sobre 1.364 hectáreas”, remarcó.
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En ese sentido, indicó que luego de la medida cautelar de urgencia que consiguieron para la protección de los derechos básicos de los indígenas, se tuvieron dos semanas nuevamente de dilación para acordar con la Comandancia y el Ministerio del Interior el operativo retorno de la comunidad a Itakyry, ya que los integrantes de la comunidad se encontraban apostados en una plaza de la capital.
Entre otras cosas, mencionó que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior consideraron que se necesitaba de la presencia de un oficial de justicia para dar cumplimiento a la medida cautelar, que fue solicitado por el Indi, por lo que los indígenas tuvieron que pasar dos días en un camino vecinal, lo que representa una nueva vulneración “ante la negligencia del Estado”. El oficial recién se acercó el martes.
“Hablar de que el sábado 14 de agosto la comunidad Ka’a Poty ‘invadió' o ‘atropelló' a propiedades privadas es una completa falsedad y muestra la impunidad con la que determinados medios de prensa, televisivos y radiales, afectan tanto el derecho al honor y la reputación, como el derecho humano a la información y la comunicación”, criticó, tras la difusión de un audio en el que ella orientaba a los indígenas sobre el proceder en el lugar.
Finalmente, celebró la restitución de las tierras y lamentó toda la operación que se realizó para desmeritar el logro, incluso con “teléfonos intervenidos, grabaciones secretas y videos maliciosamente editados para criminalizar a la comunidad y amedrentar a quienes los apoyaron”.
