Como si fuera el sino de este Gobierno, los últimos días del año transcurrirán con las resonancias del escándalo originado en la institución encargada de defender el patrimonio del Estado.
La historia es larga y tiene extraños protagonistas.
Hace once años, Petropar adjudicó a la empresa argentina Texos Oil un contrato para la provisión de combustible. Representada en Paraguay por los abogados Javier Balbuena, ex titular de la Conaczar, y Enrique García, ex contralor general, la empresa tenía como cara visible al ex arquero José Luis Chilavert. Por el camino descubrieron que se trataba de una firma de maletín con un capital de solo tres mil dólares, por lo que la adjudicación fue anulada. ¿Cómo fue posible que Petropar no se haya dado cuenta antes? Esta es solo la primera de las preguntas sin contestación.
Luego Texos demandó a Petropar en Argentina, alegando que la anulación le produjo enormes pérdidas. Pero el Paraguay ganó la pulseada, pues los jueces dictaminaron que el litigio debía desarrollarse en nuestro país. Es lo que hizo Texos, reclamando más de treinta millones de dólares por daño empresarial.
De dicha demanda nunca más se supo nada hasta que, en el más absoluto silencio, el pasado 2 de diciembre el procurador general Sergio Coscia refrendó un acuerdo con Texos Oil por el que el Estado se avenía a pagar siete millones de dólares como “pacto conciliatorio” para finiquitar la demanda.
Esta dudosa transacción fue avalada por Petropar, presidida por Denis Lichi.
Aquí aparece otro personaje curioso que parece hacer un papel de reparto, pero muy bien pagado. El pacto tiene una cláusula que establece que el ignoto abogado paraguayo Abel Germán Ávalos recibirá el 42% de la suma acordada (tres millones de dólares) sin que se aclare en concepto de qué.
¿No le parece raro que en documentos de este tipo se especifique cuánto cobrará el abogado de la empresa demandante?
¿Esa era la plata que se quedaría en Paraguay?
En teoría —recuerde que todo lo relatado es exótico—, nadie más que Coscia y Lichi sabían de esta negociación.
Por lo menos, la desconocían el presidente de la República, su jefe de Gabinete Civil, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio y la Abogacía del Tesoro. Y quedaría en vigencia si no saltara la denuncia del periodista Jorge Torres, que despertó el asombro y la rabia de amplios sectores.
Debemos creer que Coscia y Lichi, por sí y ante sí, consideraron que el monto del arreglo era conveniente ante la eventualidad de que se perdiera el juicio. Un juicio largo que Paraguay podría ganar según múltiples opiniones jurídicas. Hay artículos de la Ley de Contrataciones Públicas que amparan el derecho de Petropar a cancelar la licitación y, además, la impugnación de Texos se hizo fuera de los plazos establecidos en la norma. Por otra parte, el monto reclamado está absurdamente abultado, lo cual sería fácilmente demostrable.
También deberíamos creer que ninguno de los dos haya pensado en la sana opción de contar con un dictamen jurídico o con el parecer de otras instituciones antes de entregar fondos públicos a una empresa cuyos directivos triunfan en los Panamá Papers.
Y todo en plena pandemia, con la gente sin dinero ni trabajo, llegando a duras penas a este penoso fin de año.
Conocida la transa, todo fue anulado a la velocidad de la luz y el procurador presentó su renuncia. No sin antes dejar escapar que ha firmado acuerdos de este tipo en varias ocasiones anteriores. De repente se me ocurre que sería interesante que la Fiscalía General del Estado se ponga a investigar dichos pactos. Pero luego veo a su titular como estrella del árbol de Navidad de los corruptos que construyeron los ciudadanos indignados, y se me pasa.
