Integrantes de la Articulación Feminista del Paraguay llevaron a cabo en la mañana de este martes el lanzamiento de la marcha 8M 2026, por el Día Internacional de la Mujer, que se realizará este domingo en el país y en el mundo entero.
El lugar elegido para el acto fue el Ministerio de Trabajo que como símbolo se relaciona con el lema de este año: “¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos”.
La convocatoria es para el domingo 8 de marzo, a las 16:00, en la Plaza Uruguaya, donde se desarrollará una feria. A las 18:00 comienza la marcha con rumbo a la Plaza de la Democracia, donde se hará la lectura de manifiesto y el festival.
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“Defendemos los derechos de las mujeres trabajadoras y sumamos nuestra voz contra la precarización, exigimos el reconocimiento del trabajo invisible, como los de cuidado y comunitarios. Este año acompañamos la defensa de los derechos de la jubilación y laborales que están en peligro de sufrir retrocesos”, expresa el comunicado de la articulación.
Las protagonistas de la marcha este año serán las mujeres trabajadoras en relación de dependencia, las que trabajan en la informalidad, las docentes que hoy ven amenazada su jubilación y “todas aquellas que sostienen este país con su trabajo cotidiano”.
En su comunicado, la articulación denuncia que las mujeres siguen enfrentando violencia en el espacio laboral y que existe una tendencia política que considera el trabajo femenino como secundario, que no merece ser pagado, e intenta reducirlo al espacio doméstico. También reclama la eliminación de la palabra “género” por parte del Gobierno.
“Denunciamos también el sistema violento y explotador que arrasa con desalojos de mujeres campesinas, indígenas y de sectores populares, dejando a muchas sin la posibilidad de cuidar a sus hijos e hijas. Un sistema que, en 2025, registró 37 feminicidios –casi uno cada diez días– y más de 37.000 víctimas de violencia familiar en un solo año. La represión ante la protesta está en el orden del día, y las mujeres que alzamos la voz somos blanco permanente de esa represión. No somos cifras: somos compañeras, madres, docentes, trabajadoras, comunidades enteras”, destaca.
Finalmente, denuncian acoso, salarios por debajo del mínimo, prohibición de sindicalizarse, la mora patronal en el pago del IPS que deja a las aseguradas sin atención médica y los despidos ante un embarazo.
“La brecha salarial es un dato objetivo e inaceptable: ganamos aproximadamente G. 600.000 menos que los hombres por igual trabajo, y el trabajo doméstico remunerado –históricamente feminizado– apenas alcanza el 60% del salario mínimo legal”, subraya el comunicado.
