Jorge Delgado, titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Horacio Codas, gerente general del MEF; y Fernando Benavente, abogado del Tesoro, informaron que actualmente la entidad cuenta con una cobertura de pago mensual para 77.767 beneficiarios activos de los cuales el 75%; es decir, 57.767 personas, cuentan con algún descuento, mientras que el 25% restante (20.000) no tienen ni un solo débito.
“Si hacemos el siguiente análisis: Dentro de esa masa que administra la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, podemos verificar que se ejecuta un embargo sobre el 4,4% de los beneficiarios, es decir, 3.453 personas”, detalló el director Delgado.
Aunque destacó que el 90% de los usuarios tienen una economía “que se ha controlado”, también resaltó que del total de los beneficiarios activos de la Caja Fiscal, el 10,6% está sobreendeudado, lo que implica que 8.243 personas tienen descuentos que superan el 50% de su haber jubilatorio o beneficio.
“Para analizar un sobreendeudamiento, se debería considerar que son aquellas personas que tienen descuentos que superan el 50% de su haber jubilatorio. (...) Este análisis lo hicimos con base en información certera con la que contamos desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y es muy importante entender que es fundamental para la toma de decisiones”, apuntó a su vez el director.
Preocupación
Por otra parte, las autoridades económicas señalaron que si bien es una decisión voluntaria que se les permite realizar a los beneficiarios, ya les preocupa que los pedidos de cese de descuentos se están duplicando en los últimos meses “de manera mediática”, tras el caso de la mafia de los pagarés.
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Cuando en enero pasado se tenían 580 solicitudes, en junio y julio últimos se sobrepasó la cantidad de 1.200 ceses mensuales, detallaron.
“Cada jubilado o pensionado que nos solicita que se cese todo descuento siempre fue atendido a través de una nota ante la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Desde el año 2022 en adelante, este cese fue creciendo de manera muy preocupante. Estamos hablando de un crecimiento en el orden de casi 100% entre el intervalo de un ejercicio y otro, en donde podemos puntualizar que en el año 2025 tenemos al mes de julio un acumulado de 6.855 revocatorias o ceses de descuento”, señaló al respecto Fernando Benavente.
Indicó que la preocupación radica en que los ceses de descuentos pueden finalmente terminar en demandas judiciales o embargos contra los jubilados y pensionados.
“Una vez solicitados los ceses, las consecuencias pueden terminar siendo más drásticas: generación de intereses, demandas judiciales, embargos, y al final, una herramienta mal utilizada puede traducirse en consecuencias negativas”, apuntó el funcionario, al tiempo de instar a los beneficiarios a verificar si corresponde o no realmente realizar la solicitud.
