La Cámara de Senadores, en su sesión ordinaria de este jueves, luego de un breve debate aprobó con modificaciones el proyecto de resolución que formula denuncia ante el Ministerio Público en contra del agente fiscal Lorenzo Lezcano y a quienes resulten responsables por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración a la persecución.
Por un lado, los senadores de Honor Colorado alegaron que no había legitimación activa por parte del Senado para formular la denuncia, pero los senadores que defendieron el proyecto recordaron denuncias similares.
La propuesta original presentada por la senadora Desirée Masi formulaba denuncia ante el Ministerio Público en contra del agente fiscal Lorenzo Lezcano, la fiscala general del Estado, Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, y otros por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.
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Finalmente, el documento fue aprobado con las modificaciones propuestas por el senador Enrique Bacchetta y será comunicado al Ministerio Público.
La denuncia guarda relación con la operación Smart, en la que el Comando Tripartito tenía en la mira a Sebastián Marset, ante las sospechas de liderar un clan familiar dedicado al narcotráfico y el lavado de dinero.
El informe fue remitido al fiscal Lorenzo Lezcano en el mes de marzo del 2021, un año antes del megaoperativo A Ultranza PY, que derivó en la incautación de innumerables inmuebles pertenecientes a esquemas dedicados al tráfico de drogas y lavado de activos.
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En el documento se señala que la inacción de los representantes del Ministerio Público afectó la “institucionalidad” de la República del Paraguay y, además, pudieron prevenir crímenes, como el caso del fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci ocurrido en Colombia, entre otros sicariatos.
El escrito fue remitido al fiscal Lorenzo Lezcano en el mes de marzo del 2021, un año antes de la operación A Ultranza PY. En ese lapso, fue asesinado el empresario Mauricio Schwartzman, quien figuraba como socio del uruguayo Marset.
La Fiscalía no solo no investigó, sino que con su inacción habría permitido la fuga del uruguayo y socios del país. En dicho informe también figuraba Federico Ezequiel Santoro Vasallo, quien nunca fue imputado ni investigado por el Ministerio Público y recientemente se lo vinculó al caso del avión iraní.
