La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones ayer la ley de secreto bancario, exceptuando de las restricciones al Congreso Nacional.
El proyecto vuelve a la Cámara de Senadores y se establece que solamente se podrán pedir informes de entidades financieras y no sobre particulares en el marco de una investigación, ya sea de la Fiscalía o de la Comisión Bicameral de Investigación.
El diputado Jorge Ávalos Mariño resaltó que con las modificaciones “se testa la facultad del BCP a tachar los datos”.
Además se incorpora a la Seprelad y a la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET), como instituciones que pueden solicitar informes.
Durante su interlocución, la diputada Rocío Abed mencionó que “el Congreso es un órgano eminentemente político”.
“Hay cuestiones técnicas, tan sensibles, como los gastos bancarios de las personas, no pueden ser de acceso para este órgano. Se protege el derecho bancario porque es fundamental, que la gente confíe en el uso discreto de la información. Sus transacciones no se pueden exponer a la ligera”, afirmó.
Abed agregó que el proyecto del Senado “intentó vulnerar el secreto bancario y la confidencialidad de las personas a pedido de cualquier congresista”.
El documento quedó aprobado con las modificaciones de la Comisión de Equidad y Género. Las informaciones de las entidades de crédito que se hayan declarado, o que hayan sido declaradas judicialmente, en estado de insolvencia es uno de los puntos modificados. Esta excepción no alcanza a las informaciones sobre las operaciones, refiere uno de los incisos modificados del artículo 7.
Asimismo, establece que las Cámaras del Congreso y las comisiones de investigación podrán requerir información relativa a las entidades financieras, no así la de las operaciones de los clientes de las mismas. El BCP deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el presidente de la entidad, para lo cual deberá arbitrar los mecanismos para excluir las informaciones sobre las operaciones de los clientes de las entidades financieras.
En tanto, la Fiscalía General del Estado, para solicitar información, deberá poseer una justificación y deberá hacer referencia a una persona determinada, debiendo esta encontrarse, necesariamente, sujeta a un sumario administrativo, a un proceso judicial, de verificación impositiva o a una investigación.
El proyecto fue aprobado por los 54 diputados presentes.
La Cámara de Senadores había solicitado respuestas al Banco Central del Paraguay sobre cuestiones del ex presidente de la República Horacio Cartes, y la institución remitió documentos tachados señalando la ley de secreto bancario.
