La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) corrió traslado al Estado paraguayo para presentar sus observaciones sobre el caso de la denuncia de la joven Belén Wittingslow, quien denunció a su ex profesor de la universidad y ex miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Cristian Kriskovich, por presunto acoso sexual.
Con esto, el Estado tendrá un plazo de tres meses, con una prórroga máxima de un mes, para contestar a la CIDH, cuyo periodo se cuenta a partir de este último lunes 19 de setiembre, fecha en que se comunicó sobre la petición.
De acuerdo con la CIDH, el Estado está imposibilitado de pedir un mayor plazo a los cuatro meses previstos en el documento. Además, señala que este emplazamiento implica el inicio de la etapa de admisibilidad de la demanda.
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El pasado 1 de noviembre, el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de las organizaciones Cejil y Tedic contra el Estado, por la falta de acceso a la Justicia, discriminación y falta de independencia judicial en el caso de Whittingslow.
“La víctima, además de ser acosada sexualmente por una persona que se encontraba en una posición de poder, fue revictimizada por el sistema de Justicia paraguayo, ya que no se le respetaron las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia en el proceso por acoso sexual que inició”, expresaban en un escrito las organizaciones.
Asimismo, indicaron que el caso “refleja la violencia de género, discriminación, estigmatización y falta de acceso a la Justicia que sufren las mujeres que buscan justicia y reparación en la región”.
Whittingslow había denunciado a su ex profesor de la Universidad Católica de Asunción (UCA) Cristian Kriskovich, por presunto acoso sexual. La joven presentó conversaciones que supuestamente mantuvieron a través de WhatsApp, donde el docente le pedía mantener relaciones sexuales.
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No obstante, en el 2015 el fiscal Fabián Centurión dispuso fecha para la pericia informática y designó un perito para analizar las comunicaciones, pero se dejó sin efecto su resolución y finalmente se desestimó la denuncia.
Tras haberlo denunciado penalmente, la joven terminó siendo imputada por supuesta producción de documento no auténtico y fue denunciada por el mismo Kriskovich, quien le reclama el pago de USD 450.000 por supuestos daños y perjuicios.
