EFE
Se trata de un procedimiento “inédito” en Paraguay, ya que la reconstrucción de hechos es “una figura muy poco utilizada” en el país y siempre se empleó en casos más simples y que requerían la presencia de menos personas, según el abogado.
La reconstrucción es uno de los procedimientos que servirán para cerrar el juicio iniciado el pasado julio contra 11 campesinos acusados de la muerte de seis policías durante un desalojo.
Los hechos se produjeron el 15 de junio de 2012 en la finca conocida como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty (este), cuando un contingente de varios centenares de policías entró a desalojar las tierras que ocupaban unos 70 campesinos para pedir que se integrasen a la reforma agraria estatal.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de seis policías y 11 campesinos, aunque la Fiscalía no imputó a nadie por las muertes de los labriegos.
Aguayo explicó que en el lugar de los hechos se encuentran todavía hoy, casi cuatro años después de la masacre, numerosas “evidencias no colectadas” por los fiscales, como “casquillos, vainillas servidas y balas” incrustadas en troncos de árboles de la zona y que según él fueron empleadas por los policías el día de los hechos.
“Durante el juicio se ha demostrado que el total de 321 policías que acudieron al desalojo comandados por los comisarios Erven Lovera (fallecido en la masacre) y Miguel Anoni estaban armados y que los miembros de fuerzas de élite que intervinieron portaban armas de guerra”, dijo Aguayo.
El abogado afirmó que la reconstrucción de los hechos permitirá demostrar qué posiciones tomaron los policías que intervinieron en el operativo, ya que, según la versión de la Fiscalía, fueron emboscados por un grupo de campesinos.
En este procedimiento también está garantizada la presencia de los medios de prensa acreditados, dado que, según Aguayo, durante la masacre solo hubo un periodista presente: Pablo Medina, reportero asesinado en 2014 mientras investigaba los presuntos nexos del narcotráfico con políticos de la zona.
Por su parte, los campesinos acusados, que guardan arresto domiciliario, serán trasladados al lugar de los hechos este miércoles y quedarán bajo custodia en un local de la Gobernación del departamento, a excepción de Rubén Villalba, condenado a prisión por un caso anterior a la masacre, quien permanecerá en una Comisaría.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un proceso que llevó a Paraguay a ser suspendido del Mercosur, dado que los socios del bloque consideraron que el país había roto con el orden democrático.
