En Paraguay, de todas las causas por corrupción contra intendentes y gobernadores, solo un intendente está en prisión. En suma, se cuenta con unos 32 casos contra intendentes y 6 contra gobernadores. Samuel González, ex intendente de Arroyito, sentenciado a cinco años de cárcel, es quien cumple condena desde julio de este año tras ser apresado en la vía pública. Los demás están con condenas, pero libres o extendiendo plazos para no llegar a juicio.
María Ester Roa y su equipo presentan un informe desolador en el marco del Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial.
De todos los procesos activos, la mayoría de los intendentes y gobernadores acusados están en libertad ambulatoria. Otros lograron sobreseimientos definitivos, principalmente por prescripción, extinción o arreglos políticos.
Las condenas, cuando existen, son mínimas, con suspensión de ejecución o condenas no firmes. Por ejemplo, Alba Correa (Tavaí), Abraham Alegre Leguizamón (Presidente Franco), Gustavo Amado Alfonso (Arroyos y Esteros) y Eladio Alcaraz (Mariscal Estigarribia) fueron condenados a tres años y continúan en libertad.
Los procesos judiciales enfrentan mora crónica, falta de jueces especializados para delitos de corrupción. A esto se suman fiscales que no impulsan los expedientes, y auditorías internas que no derivan en sanciones. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con apenas 14 fiscales, sin peritos ni estructura técnica para investigar hechos complejos.
En la práctica, muchos juicios se paralizan por acciones de inconstitucionalidad y apelaciones a repetición que permiten a los jueces no convocar audiencias preliminares, extendiendo procesos.
Gobernadores
El hermano del senador Basilio Bachi Núñez encabeza la lista. Óscar Núñez, junto al diputado Rubén Rousillón, fueron acusados de desvíos en Presidente Hayes por G. 42.500 millones. Núñez fue condenado a 11 años de cárcel y se encuentra en este momento con arresto domiciliario. Núñez logró posponer más de 38 audiencias preliminares. Rousillón espera audiencia.
El caso más reciente y en el puesto número 2, Hugo Javier González el ex gobernador del Departamento Central, enfrenta dos causas judiciales por hechos de corrupción.
En la causa por lesión de confianza, superior a 5.500 jornales y otros delitos, con un daño patrimonial estimado en G. 18.300 millones, el proceso se encuentra pendiente de sustanciación de juicio oral. En la causa N° 40/2021, también por lesión de confianza, con un perjuicio de G. 5.105.600.000, fue condenado a 10 años de prisión; sin embargo, por haber compurgado la pena mínima obtuvo su libertad ambulatoria, junto a su administrador, en solo 6 meses.
Rodolfo Friedmann, en el Guairá, espera audiencia pública por lesión de confianza en el uso de G. 16.154 millones.
Intendentes
En primer lugar, está Roberto Cárdenas de Lambaré, suma tres procesos por un total de G. 18.032 millones. Tiene una condena firme de 8 años con orden de captura, pero no fue detenido.
También por Lambaré, Armando Gómez deberá acudir a la justicia por G. 9.246 millones. Este caso está sin audiencia preliminar
Tras años de recursos judiciales, Hernán Schlender de Jesús Tavarangüé, espera se establezca fecha para el juicio oral y público por G. 3.602 millones. Por este mismo Municipio de Itapúa, Víctor Garay, deberá ir a juicio oral por el supuesto desvío de G. 2.443 millones.
En San Pedro, Gustavo Rodríguez también debería ir a juicio por G. 2.311 millones.
En la Municipalidad intervenida de Ciudad del Este, el actual intendente Miguel Prieto tiene una causa por G. 2.130 millones.
En Asunción, también con el Municipio intervenido, Óscar Nenecho Rodríguez tiene una acusación con un daño patrimonial de poco más de G. 700 millones.
