Cleverson Luiz Pires (25) recibió la pena máxima de 30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad tras someterse a un juicio oral y público.
El Tribunal de Sentencia que halló culpable al joven por el triple homicidio estuvo integrado por las magistradas Haydée Barboza, Zunilda Martínez Noguera y Mónica Rivas, informó el corresponsal de ÚH, Édgar Medina.
Se trata de un caso ocurrido en el año 2015 en la colonia San Alfredo del distrito de Naranjal.
A Luiz se lo culpa de ser el autor del asesinato de Wali Adiers Jaster (46 años) y de sus hijas, Andresa Jaster Adiers (20 años) y Francieli Jaster Adiers (23 años), todas brasileñas, quienes sufrieron 23, 16 y 13 puñaladas cada una.
La medida de seguridad está basada en el informe pericial sobre el comportamiento del procesado, quien posee dificultad en el control de sus impulsos, tiene personalidad sobrevalorada y sentimientos de odio y rabia.
Cuando fue detenido hace dos años, el hombre tenía en su poder maquillaje y peluca, además tenía las uñas pintadas.
Una niña de 4 años sobrevivió a la tragedia y fue hallada encerrada en una de las habitaciones de la vivienda.
APELACIÓN. El defensor público de Santa Rita, Meiji Udagawa, mencionó que estaría solicitando una revaluación de los años de condena porque hay elementos que no se tuvieron en cuenta durante el juicio oral y público.
Para el abogado, no se tuvo en cuenta que su defendido no cuenta con antecedentes penales, lo que serviría para una reducción de los años en prisión. También atacará la medida de seguridad porque uno de los miembros del tribunal votó en disidencia a los 10 años.
“No se dieron todas las condiciones como para establecer el máximo de las medidas de seguridad”, expresó a los medios de prensa.
También mencionó que la menor, durante su relato ante los investigadores, nombró en dos ocasiones a un tío, quien se acercó hasta la vivienda y dio muerte a las tres mujeres. Dijo que en ningún momento se refirió a Cleverson Luiz Pires.
Otro punto es el informe psicológico de su cliente. De acuerdo al defensor público, los peritos no encontraron suficientes elementos para sostener que el condenado es un criminal peligroso para la sociedad.
