En la conducción del proceso de modificación de la reglamentación del impuesto a la renta personal (IRP) por parte del gobierno de Cartes, se han cometido grandes errores políticos.
Ha sido un gran error político no haber tenido en cuenta que el proyecto original de Ley del IRP fue presentado al Congreso por el gobierno de Duarte Frutos en el año 2006 y recién fue aprobado seis años después en el 2012, en el gobierno de Franco, justamente por los poderosos sectores que se oponían a ella.
También ha sido un gran error político no haber tenido en cuenta que los parlamentarios decidieron aprobar el IRP recién en el año 2012, solo por la “cola de paja” de haber destituido al presidente Lugo y también porque le hicieron numerosas modificaciones al proyecto original.
Entre esas modificaciones podemos citar como las más importantes: la no realización de la declaración jurada de bienes inicial y... la deducibilidad del 100% de los gastos realizados. En nota enviada en el 2012 al Congreso, por el ministro de Hacienda de entonces, Manuel Ferreira, se estimaba que en el IRP aprobado recaudaría en el primer año 25.000 millones de guaraníes en forma directa, pero que la recaudación de los impuestos indirectos –especialmente el IVA– se incrementaría en 200.000 millones de guaraníes.
Claramente el IRP nació como un impuesto formalizador de la economía, pero cuando llegó Marta González a la cabeza de la nueva administración tributaria del gobierno de Cartes, vino con una visión de recaudar con dicho impuesto y no solo de formalizar. Ante esa visión, lo correcto políticamente hubiera sido la presentación de un nuevo proyecto de ley modificando la Ley del IRP, y su aprobación no hubiera tenido mayores obstáculos en el Congreso, debido a la amplia mayoría que el Gobierno tenía en el inicio de su gestión.
Pero no se hizo así y se cometió el error político y el error legal de modificarlo por medio de decretos y reglamentaciones, utilizando la vía de la interpretación para empujar a la ley más allá de sus límites y desvirtuando su espíritu original.
Y todo eso se hizo con una gran torpeza política. Con un estilo soberbio y prepotente que le fue llenando de enemigos, no solamente con los contribuyentes, sino también con los contadores, los auditores y los tributaristas.
Fue tanta la torpeza política que por un impuesto que representa tan solo el 1,9% del total de ingresos del fisco, se enfrentaron con más de 56.000 personas, que en su mayoría son grandes contribuyentes y líderes de la comunidad.
Fue tanta la torpeza política que unos días antes de las elecciones internas de los partidos políticos, la Subsecretaría de Estado de Tributación cometió el error de enviar a los contribuyentes una intimación prepotente y de dudosa legalidad, para que verifiquen y rectifiquen las declaraciones de impuestos realizadas en años anteriores.
No sé cuánto esta intimación contribuyó a la derrota electoral del candidato oficialista, pero con seguridad, la misma fue tremendamente negativa y en un momento político de gran sensibilidad.
Muchas personas me dicen que la función de recaudar es siempre impopular y que al frente de dicha función debe estar una persona dura y que normalmente no tiene habilidad política.
No comparto esa opinión, porque considero que todos los altos cargos en la administración pública son sí o sí cargos políticos y justamente uno de los grandes errores del actual Gobierno, ha sido el nombramiento de algunas personas técnicamente capacitadas, pero sin ninguna habilidad política.
Para agravar la situación han dejado que estos técnicos actúen sin ninguna orientación ni control político. En el caso que nos compete –el de la viceministra de Tributación– me pregunto si ante tantos errores políticos, ¿dónde estaban los diferentes ministros de Hacienda? ¿Dónde estaba el presidente?
Si por acción u omisión los ministros y el presidente avalaron tanta torpeza, ellos deben recordar la frase que dice: “De un error uno puede recuperarse, pero de la torpeza política no”.
