A cuatro años de la muerte de 11 campesinos y seis policías sigue el careo entre la versión de la Fiscalía y organismos que acompañaban el proceso, como Articulación por Curuguaty y Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc).
El activista Fabricio Arnella cuestiona que la acusación sea por tentativa de homicidio, mientras que hay un hecho consumado, los 17 muertos. Considera que los 11 campesinos acusados son inocentes ante la ausencia de pruebas y que la Justicia debería comenzar de nuevo la investigación para dar con los verdaderos responsables.
Jalil Rachid, quien dejó el caso en enero pasado al ser designado viceministro de Seguridad, explicó que a través de las testimoniales se determinó que Rubén Villalba efectuó disparos el 15 de junio del 2012 y que por eso fue acusado por tentativa de homicidio.
Pero admitió que no hay otros elementos que demuestren el hecho. “Vos no podés definir dentro de un campo, donde fue una batalla de exterminio, de dónde y quién disparó", expresó en el programa Políticamente Incorrecto, transmitido por Red Guaraní.
Explicó que la tentativa se trata de la conducta previa de los acusados, al tirar clavos miguelito a los policías para que “bajen desprotegidos” de los vehículos, la formación en “U” que según la Fiscalía demuestra que hubo una emboscada por parte de los campesinos y el uso de tapabocas por parte de los ocupantes de Marina Cué.
José María Quevedo, de la plataforma que realizó una investigación paralela del hecho, rechaza la versión de la Fiscalía sobre una emboscada a los policías, pues los campesinos identificados como los supuestos emboscadores murieron ese día y sus armas no dispararon.
Pero para Rachid los campesinos incluso tenían un plan B en caso de no conseguir evadir a los efectivos de seguridad, “en el último caso de no lograr el objetivo de quedarse en el lugar, era resistir, matar obviamente a policías que mataron y huir del lugar”, acusó.
Ex fiscal dice que más policías debieron intervenir en el procedimiento
Rachid se mostró cansado de aclarar que no hubo una orden de desalojo sino de allanamiento, para verificar la identidad de los ocupantes. Al respecto fue consultado por qué la cantidad de policías cuadruplicaba la de campesinos, unos 324 efectivos frente a 50 a 70 labriegos.
Respondió que se debió a que el inmueble tiene proporciones extraordinarias con múltiples entradas, donde estaban ocupantes armados y que querían resistirse a cualquier fuerza de seguridad. A su criterio, la cantidad de policías “se quedó corta”.
El comisario Miguel Anoni, quien intervino en el caso, agregó que la intención era superar la cantidad de campesinos para evitar una tragedia, lo que finalmente ocurrió.
Quevedo refutó al fiscal, pues asegura que si bien la orden era de allanamiento, se activó el protocolo de desalojo.
En los alegatos finales, la propia fiscala Liliana Alcaraz mencionó en el juicio que el procedimiento fue “intento de desalojo pacífico”.
Tanto Arnella como Quevedo insistieron en la falta de pruebas contra los campesinos acusados, así como la “desaparición” de evidencias, como filmaciones del helicóptero y placas radiográficas de los policías fallecidos, entre otras.
Arnella refirió que hubo un fuego cruzado entre los agentes que ingresaban por el Norte y Sur a Marina Cué. Recordó que el propio agente Nelson Zaracho dijo en el juicio que fueron los policías los que iniciaron el fuego, porque creían que Lovera estaba siendo amenazado con una foisa.
Este miércoles se cumplen cuatro años de la masacre. En el Palacio de Justicia, la Fiscalía continúa con la presentación de sus alegatos finales, en medio de incidentes con familiares y amigos de los acusados.
Los 11 campesinos acusados son: Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería.
