Marcar la entrada y luego retirarse de la institución es, aparentemente, un viejo vicio utilizado por varios funcionarios públicos.
Ante este “mal”, la Secretaría de la Función Pública resolvió ordenar que todas las instituciones del Gobierno utilicen el reloj biométrico para marcar asistencia, pero el planillerismo sigue siendo una realidad, sostienen informes del IPS.
De los 1.000 sumariados por este hábito, cerca de 85 fueron finalizados con despido, unos 250 funcionarios presentaron renuncia, mientras que 300 contratos no fueron renovados tras esta práctica.
Andreas Hollan, asesor jurídico de la Previsional, conversó con ÚLTIMAHORA.COM y confirmó que unos 1.000 funcionarios fueron los sumariados entre el 2015 y el 2016.
Si bien la mayoría de los que recurrían a marcar asistencia sin llegar siquiera hasta su puesto de trabajo eran administrativos, un número importante trabajaba en hospitales, como médicos o personal de blanco.
En ciertos casos un mismo médico del IPS marcaba entrada laboral en el Instituto, pero abandonaba su puesto para atender a otros pacientes en consultorios privados o en otros grandes y conocidos sanatorios.
Hollan aseguró que hace unos días, específicamente el pasado 4 de noviembre, solicitaron una auditoría interna dentro de los hospitales, como la Clínica Nanawa, para determinar quién sigue recurriendo a esta práctica y aplicar sanciones tras una serie de denuncias.
Una de las que está en la mira es la hija de la diputada Perla de Vázquez, Perla Leticia Paredes Acosta, quien en el 2014 había sido condenada a dos años de prisión por cobro indebido de honorarios, pero fue beneficiada con suspensión de pena.
