Según denuncias, el pliego de bases y condiciones elaborado por el Ministerio posee algunos requerimientos considerados obligatorios que solo pudieron ser satisfechos por uno de los oferentes, la empresa francesa Gemalto.
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En contacto con Última Hora, Ilse González, directora general de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría, señaló que, pese al dictamen que emitieron, la firma del contrato se llevó a cabo este miércoles a las apuradas.
Dijo que desde la apertura de sobres solicitaron que el proceso sea cancelado por registrar un direccionamiento a favor de Gemalto.
Así mismo, explicó que la secretaría de Estado no cuenta con los recursos para llevar adelante el contrato, ya que la Cámara de Senadores decidió recortar el presupuesto al Ministerio del Interior para el año 2018.
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Aclaró que Interior solo cuenta con el anticipo del 30% que debe ser desembolsado este año, lo que a su vez, terminará siendo un problema para el Estado al no poder cumplir con la empresa oferente. El monto total del contrato es de G. 127.000 millones.
Uno de los requerimientos obligatorios establecía que la empresa adjudicada sea fabricante del chip que utilizarán las tarjetas de identidad expedidas, lo que limitó a las demás empresas.
Así también, el oferente debía comprobar de manera obligatoria que prestaría servicios de solución instantánea de documentos de identidad en América Latina, requisito que solo cumple la empresa francesa que presta servicios en Uruguay y Perú.
