EFE
La organización constató la deforestación del territorio a través de fotos tomadas con satélite en las que se aprecia la apertura de picadas o caminos, como trabajos previos para continuar con la tala de vegetación.La zona forma parte del territorio ancestral indígena, se encuentra registrada y declarada como Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode.
Además, existe una resolución judicial de 2014 que anula la licencia ambiental que la Secretaría del Ambiente (SEAM) había otorgado un año antes a la empresa ganadera de capital brasileño Yaguareté Porã, y que ahora tiene prohibido intervenir en el territorio.
Pese a ello, los indígenas aseguran que la firma sigue desforestando el territorio de forma ilegal, una situación que han denunciado en reiteradas ocasiones a la SEAM a través de la organización GAT.
El abogado de esta organización, Julio Duarte, expresó en un comunicado que los indígenas “se oponen al otorgamiento de licencias ambientales que afecten a tierras que conforman su patrimonio”.
Agregó que los nativos “exigen que se respete y garantice el derecho a sus tierras, territorios y recursos; y su derecho a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado respecto a procesos de toma de decisiones externas que los afecte”.
El abogado también ha solicitado a la SEAM documentos específicos acerca del proceso jurídico y administrativo que se siguió para el otorgamiento en 2013 de una licencia ambiental a la firma Yaguareté Porã sobre el territorio de los ayoreo totobiegosode.
En este territorio vive el último grupo indígena que queda en aislamiento voluntario en América fuera de la Cuenca Amazónica.
Los totobiegosode reclaman que, además de Yaguareté Porã, otras dos empresas continúan desforestando sus territorios ancestrales, algo que está poniendo en riesgo la forma de vida silvícola del grupo en aislamiento voluntario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el pasado 11 de febrero de que solicitó al Gobierno frenar la deforestación ilegal que afecta a este territorio.
Pidió además la creación de un mecanismo destinado a proteger y evitar el ingreso de terceros en esos terrenos, una de las últimas zonas vírgenes del Chaco paraguayo.
La región del Chaco, compartida entre Argentina, Bolivia y nuestro país, sufre uno de los índices de deforestación más altos del mundo, según la ONG ambientalista Guyra Paraguay, que calcula que entre los tres países permiten la destrucción de unos 25 millones de árboles por mes.
