La cuestionada legislación ya fue sancionada el jueves y solo falta que el Ejecutivo la promulgue.
Hasta ahora no ha variado el panorama respecto a esta normativa que fue aprobada a tambor batiente por el Parlamento, incluso, con procedimientos legislativos sin precedentes, a partir de que no especifica de dónde serán sacados los fondos y deja todo al arbitrio de Hacienda.
En el mismo sentido, el riesgo para que el Estado recupere esos rubros continúa siendo muy alto, debido a que la empresa se encuentra hundida en un pasivo de 80 millones de dólares, cifra que supera por lejos sus activos y la amenaza de ejecución del 70 por ciento de su planta fabril, ubicada en la localidad de Iturbe, que está como garantía de una fiducia.
En conversación con radio Monumental 1080, Leite señaló que el pago se hará en base a los documentos que presenten los obreros, cañeros y algunos transportistas.
Reiteró el argumento de que el Estado lo que hace en este caso es comprar la deuda que tiene la empresa con el citado grupo, para luego cobrarle a los dueños de Iturbe que está en proceso de liquidación y convocatoria de acreedores.
Agradeció al Parlamento que haya sancionado esta ley. Aseguró que “no es subsidio ni salvataje a Iturbe; es una parte de la plata que se le debe a esos señores y el Estado va a ir con todo para recuperar ese dinero”.
Estimó que Hacienda ahora reglamentará la forma de pago a los que acrediten documentalmente ser acreedores, pero que para él lo más importante es que “si Dios quiere, la gente de Iturbe, que sabía que no iba a recibir esa plata por no poder demandar a los dueños, tengan ahora la esperanza de que van a tener algo en Navidad en su mesa”.
Por su parte, el accionista de Iturbe, Roberto Codas, dijo ayer que la sanción de la ley en cuestión afirma el compromiso que asumieron en el sentido de que en las negociaciones de venta que están tramitando, se establezca en primer lugar la devolución del dinero que va a desembolsar el Estado.
Apuntó que ya entregaron al MIC hace tiempo toda la documentación de la recepción de caña, que quedó pendiente, como también las planillas laborales, de los transportistas que deben cobrar. Recalcó que el Gobierno tendrá que pedir toda la documentación a los beneficiaros.
Sobre la marcha de las negociaciones para la venta de la empresa, dijo que están avanzando, pero no podía dar mayores detalles.
