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SAO PAULO - BRASIL
Guido Mantega, el poderoso ministro de Hacienda de Brasil durante las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff, fue detenido brevemente este jueves en el marco del escándalo de desvíos de fondos públicos de la estatal Petrobras.
La orden de prisión temporal por cinco días contra el ex ministro, una figura de peso en el Partido de los Trabajadores (PT) fue revocada pocas horas después para permitirle acompañar a su esposa que padece una “enfermedad grave”, según un escrito del juez Sergio Moro, que está a cargo de la causa.
Mantega había sido detenido por la mañana en un hospital de São Paulo, mientras estaba con su mujer en la antesala de una cirugía, y fue conducido a la sede de la Policía Federal. Debía ser traslado a Curitiba donde se tramita la llamada Operación Lava Jato que investiga los casos de personas involucradas sin fueros privilegiados.
Mantega es investigado por un pedido que habría realizado en 2012 al empresario Eike Batista para cancelar deudas de campaña por un total de 5 millones de reales (USD 2,5 millones al cambio promedio de esa época), precisó el procurador federal Carlos Dos Santos Lima.
Los valores “se canalizaron al exterior a través de un contrato de objeto falso entre la empresa de Batista y empresas de la pareja Santana”, añadió en referencia a Joao Santana y su esposa Mónica Moura, reconocidos publicistas del PT.
En los procedimientos del jueves –denominados fase Archivo X de la Lava Jato– se realizaron siete detenciones y fueron movilizados 180 agentes, para cumplir 49 órdenes judiciales en cinco estados y en de Brasilia. El arresto de Mantega era por cinco días, pero podía ser prorrogado.
El fiscal Dos Santos Lima detalló que también investigan a un consorcio formado por la constructora Mendes Junior y OSX, de Eike Batista, que fue el hombre más rico de Brasil antes de declararse en bancarrota en 2013.
“Ese consorcio ganó licitaciones en Petrobras sin ninguna capacitación para hacer esas construcciones relativas a las plataformas (petroleras) P-67 y P-70. Tenemos claro que hubo corrupción para que esas obras fueran adjudicadas”, afirmó. Según el fiscal, se pagaron sobornos por unos 7,4 millones de reales a un intermediario “que operaba para los intereses del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)”, al que pertenece el actual presidente Michel Temer.
