La Cámara de Senadores se ratificó en su versión para sancionar la Ley de Presupuesto General de Gastos 2017, que incluye como puntos polémicos el recorte de la emisión de bonos soberanos y limitar el nivel del gasto en política monetaria que realiza el Banco Central del Paraguay (BCP).
Ante esta situación, el ministro de Hacienda Santiago Peña adelantó que están analizando la posibilidad de que el presidente de la República, Horacio Cartes, emita un veto total a la normativa.
“Estamos evaluando y analizando, nunca se hizo esto, pero creemos que es un ejercicio necesario analizar las implicancias legales, económicas y financieras”, expresó en una entrevista con la emisora 780 AM.
Dijo que se quedó con un sabor amargo por la decisión de los senadores y considera que él falló en no poder trasmitir las implicancias y la magnitud de los resuelto por la Cámara Alta.
Cuestionó el nivel de debate entre los legisladores durante la sesión ordinaria por discutir sobre el aumento del salario para algunas instituciones y no así sobre los recursos para honrar las deudas públicas contraídas en gobierno anteriores.
Tampoco se mostró de acuerdo con el límite impuesto a la banca matriz, cuyas autoridades también están analizando sugerir el veto al Ejecutivo o recurrir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad.
“Ninguno de estos temas fueron temas de discusión en la sesión”, expresó al tiempo de reconocer que sus propias actuaciones no generaron un nivel de consciencia.
VETO. Santiago Peña mencionó que un veto parcial es lo menos probable, por eso están estudiando la objeción total del documento.
Explicó que la Ley de Administración Financiera establece taxativamente que cuando se veta el presupuesto queda vigente el del año anterior, previo tratamiento en ambas cámaras legislativas.
“Si se veta totalmente debe ser analizado en el Senado y Diputados. Ellos deben decidir si aceptan o rechazan el veto. En caso de no aceptar, se implementará el presupuesto del 2016 o 2015", sostuvo.
Cree que todavía falta generar más nivel de consciencia, entendimiento político y también de la sociedad civil sobre la importancia del presupuesto.
El Ejecutivo tiene dos semanas para tomar una decisión, pero consideran que en una ya la estarían tomando. Otro de los puntos es que el presupuesto sancionado tiene 1,7% de déficit fiscal cuando el tope es de 1,5%, según la Ley de Responsabilidad Fiscal.
