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Política
viernes 16 de septiembre de 2016, 01:00

Desalojaron a 200 familias campesinas en Guajhory

Por Robert Figueredo

TEMBIAPORÃ

Sin mayores inconvenientes fue cumplida ayer la orden de desalojo de unas 200 familias ocupantes de aproximadamente 1.300 hectáreas de tierra mecanizada en la colonia Guajhory, de este distrito del Departamento de Caaguazú.

Alrededor de 1.200 hombres movilizó la Policía Nacional para el operativo, que no registró resistencia alguna por parte de las personas afectadas.

Teniendo en cuenta la información sobre el desalojo y la presencia de un gran número de efectivos policiales, los ocupantes de unas 63 precarias viviendas abandonaron sus ocupaciones para evitar detenciones o enfrentamiento estéril.

Los denominados campesinos sintierras se congregaron frente a la escuela de la colonia, donde alrededor de las 9.00 recibieron a los uniformados y fiscales intervinientes.

Tras la presentación de la orden judicial por parte del fiscal Alfredo Mieres se desarrolló un diálogo entre las partes, donde los representantes de las familias afectadas fueron advertidos de que la orden de desalojo y restitución a los propietarios accionantes se debía cumplir, más allá de cualquier argumentación.

Inmediatamente, los agentes policiales ingresaron a los inmuebles verificando la presencia o no de los ocupantes. Las 63 precarias casas fueron encontradas deshabitadas.

Acompañó de cerca a las familias desalojadas el intendente municipal de este distrito, Sotero Cáceres, quien señaló la preocupación por un estado de indefinición sobre este conflicto. “Apoyamos a nuestros verdaderos compatriotas porque tienen derecho a ocupar estos predios que están en etapa de recuperación con media sanción en Senadores para la expropiación”, expresó Cáceres.

También la Diócesis de Coronel Oviedo, a través del sacerdote cura párroco de Campo 9, Ignacio Espínola, siguió muy de cerca el desenlace del operativo fiscal policial. Lamentó que los verdaderos necesitados de contar con un pedazo de tierra para sobrevivir sean objeto de decisiones que van en contra de la dignidad humana.

El litigio data de años atrás entre productores descendientes de brasileños que dicen ser dueños de las fincas y paraguayos nativos.