Asesores que colocaron a parentelas enteras dentro del esquema institucional, asistentes viajeros, mozos vip que dan cursos de capacitación en temas profesionales que nada tienen que ver con sus funciones, cobros de viáticos indebidos, planilleros nombrados por órdenes de caciques políticos y la absoluta falta de conducción política, son algunas de las lacras que arrastra la Justicia Electoral desde hace tiempo y que recientemente fueron puestas en evidencia ante la opinión pública por los medios masivos de comunicación.
Con respecto al TSJE, bien puede decirse que a estas alturas la ciudadanía ha perdido toda capacidad de asombro. Los casos que diariamente se conocen a través de la prensa parecen competir entre sí por superarse en espectacularidad y despilfarro de los recursos que pertenecen al conjunto de los contribuyentes. El estupor cede inmediatamente paso a la impotencia.
Se da el caso de que uno de los integrantes del máximo órgano electoral, Alberto Ramírez Zambonini, se encuentra imputado por el Ministerio Público bajo la figura de “inducción de hecho punible a subordinados”, en un caso vinculado a la controvertida contratación de numerosos familiares de su asesor personal Manuel Radice. El ministro, quien lleva más de dos décadas en la cúpula del TSJE, ha soportado además diversas tentativas de juicio político en el mismísimo Congreso, de donde ha salido indemne gracias a los resortes políticos que ha tenido a bien activar en su momento para salvarse de la destitución.
El descrédito no ha sido superado con la incorporación de dos nuevos ministros al órgano electoral, más bien se ha visto potenciado por los casos de supuestas irregularidades que también afectan a estos, como la secretaria vip del presidente del tribunal, Jaime Bestard, quien de simple portera pasó a convertirse en su exclusiva jefa de Gabinete, percibiendo un portentoso salario, con todos los beneficios imaginables incluidos, de 19.000.000 de guaraníes.
A esta altura de los acontecimientos, hablar de eventuales renuncias es una esperanza de gente cándida e incauta. Ante el descaro que han demostrado quienes están al frente del órgano electoral es menester que se arbitren los mecanismos políticos correspondientes para lograr devolver al TSJE una credibilidad que nunca debió haber perdido, hasta el punto de que pocas instituciones del Estado logran superar el descrédito alcanzado por la entidad de marras y por aquellos que, en vez de administrarla con eficiencia y honestidad, han dispuesto de sus recursos para beneficiarse a sí mismos y a aquellos que están colgados de los altos cargos que el pueblo les confió.
