La participación del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, en el reciente viaje que el presidente de la República, Horacio Cartes, realizó el martes último a la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, para verificar la asistencia a los damnificados por la inundación no tenía otra intención que aprovecharse del caso con fines electorales.
La visita del jefe de Estado ha sido oportuna y necesaria, pues se requiere que el principal líder político de un país conozca de primera mano una grave situación, como la que están atravesando los pobladores del Sur del país, afectados por las crecidas de las aguas. Sin embargo, la presencia de Santiago Peña como parte de la delegación oficial ha tenido un propósito puramente político electoral, ya que el mismo ha dejado de ser ministro de Hacienda, no tiene actualmente ningún cargo en el Poder Ejecutivo y es el precandidato a presidente por el movimiento Honor Colorado, el sector oficialista liderado por Cartes.
Peña se aprovecha de este modo de una actividad gubernamental para aparecer ante la gente necesitada y ante los medios de comunicación, buscando capitalizar el rédito político de la ayuda proveída por el Estado a los damnificados, cubierta con el dinero de toda la población, incluyendo la que no pertenece al oficialismo colorado.
Esta acción implica la repetición de un antiguo vicio de la politiquería criolla, al utilizar privilegiadamente el aparato del Estado con fines electorales, en beneficio de un sector partidario, el que actualmente se encuentra en el poder, desmintiendo categóricamente el discurso del propio Peña, quien busca presentarse como un candidato renovador y diferente, que supuestamente desea cambiar los métodos de la vieja política, asociada a la corrupción y a la falta de ética, pero en la práctica incurre en los mismos defectos que tanto cuestiona.
Ya había ocurrido una situación similar con la entrega de tarjetas a beneficiarios del programa Tekoporã en Ciudad del Este, o con la publicación de avisos en los medios de comunicación, en los que se resaltaba la labor de Peña como ministro de Hacienda, violando de este modo incluso las restricciones previstas en el Código Electoral.
Resulta deplorable que un sector político, en este caso el oficialismo colorado que se encuentra al frente del Gobierno, se aproveche de la necesidad de la gente afectada por la inundación, para promocionar o perfilar electoralmente a su precandidato, con recursos del Estado que son pagados por la mayoría de la población.
Es un viejo vicio que una vez más se repite, el cual la ciudadanía debe percibir y cuestionar, reclamando un comportamiento distinto.