La asesora jurídica, Mirtha Morínigo, solicitó esclarecer el alcance de la resolución firmada por Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, que establecía la suspensión del artículo 2 de la Ley 5.033 hasta tanto se resolviera una acción de inconstitucionalidad en cuanto a la presentación de declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios al momento de asumir o dejar un cargo.
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Con la aclaratoria de la Sala Constitucional, los ministros de la CSJ, magistrados y funcionarios judiciales deberán cumplir con la disposición.
Morínigo había aclarado que hubo un error material, porque la resolución era más bien un fundamento antes que una impugnación, por lo que solicitó la aclaratoria este jueves, excluyendo de la medida cautelar el artículo segundo.
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Lo que establece la Ley
En su artículo 1, la Ley 5.033 refiere que “A los efectos de la ley, se entenderá como funcionario público a toda persona nombrada, contratada o electa por elección popular para servicios en los poderes del Estado”.
Consiguientemente, en el artículo 2 establece que “las personas señaladas en el artículo precedente prestarán declaraciones de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República dentro de los 15 días de tomar posesión de su cargo y en igual término al cesar el mismo”.
