De acuerdo con la resolución firmada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro, con fecha 9 de febrero de 2018, se establece la suspensión hasta tanto se resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte. De esta manera, los propios ministros dan curso a la acción que ellos mismos plantearon.
“A los efectos de la ley, se entenderá como funcionario público a toda persona nombrada, contratada o electa por elección popular para servicios en los poderes del Estado”, dice parte del artículo 1 de la ley para luego continuar diciendo que “las personas señaladas en el artículo precedente prestarán declaraciones de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República dentro de los 15 días de tomar posesión de su cargo y en igual término al cesar el mismo”, se lee en el artículo 2.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte, y ataca los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25 de la Ley 5033.
“Es una vergüenza y una afrenta al Estado de derecho. Echa por tierra todos los principios del republicanismo y convierte al Poder Judicial en un cofre secreto”, opinó Kattya González, quien también indicó que esta acción implica un retroceso y la “confirmación que tienen detrás mucha corrupción que esconder”.