El comunicado menciona los casos Cristhian David Jiménez y Juan Carlos Cáceres Villalba, ambos denunciados por agredir a sus parejas y beneficiados por la Justicia con medidas alternativas a la prisión.
Desde la organización manifiestan su decepción por confiar en los jueces. “El claro mensaje que con su actuar han dado a las personas en situación de violencia es el hecho de que denunciar no vale la pena”, señala el documento.
En el escrito también consideran que la labor del Ministerio Público, es estos casos, es una ficción “ya que no han ejercido la acción en las causas mencionadas, o lo han hecho de manera ausente y negligente”, informó el periodista Robert Figueredo.
De la misma manera, responsabilizan a los jueces y representantes de la Fiscalía encargados de cada caso de cualquier nuevo acto de violencia de los agresores contra las denunciantes.
“Manifestamos que en este tipo de hechos punibles específicos la medida de privación de libertad ambulatoria tiene, más que en ningún otro caso, la finalidad de la protección de la sociedad y de las víctimas, a las que ni siquiera le han sanado aún todas las heridas producidas por la brutal agresión, por lo que en estos casos la libertad equivale a restituir el peligro contra la vida y la integridad”, expresa el comunicado.
La Coordinadora pide finalmente la designación de nuevos jueces y fiscales “capaces de actuar conforme a la ley y que de la misma manera consideran recurrir a todas las instancias correspondientes e incluso a organismos internacionales a los efectos de remediar la situación”.
