El proyecto aprobado ya no se podrá aplicar en las elecciones del 2018, ya que las convocatorias oficiales por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya se realizaron. Esta será una herramienta para aumentar la credibilidad política.
Además, podrá individualizar fuentes de financiamiento. El riesgo de no fiscalizar es dejar abierta la puerta al manoseo de una elección. “Saber quién contribuye, cuánto y de dónde permite que las asociaciones ilícitas no puedan obtener ventajas o influencias de los poderes del Estado”, señaló Olga Ferreira, proyectista.
Ferreira pidió que los parlamentarios aprueben el documento que dará un gesto positivo de parte de la clase política. Camisones introdujeron adendas, de modo a que algunos gastos del día D sean registrados por medio de facturas.
En el artículo 66 se incorporó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como fiscalizadores sin realizar intromisión en las tareas del Ministerio Público.
Otro cambio incluye establecer que las personas condenadas o bajo proceso no puedan colaborar con las campañas; basta con que estas sean acusadas por procesos de narcotráfico.
Asimismo, el proyecto busca que los controles ya puedan realizarse en las internas partidarias, cuando se elijan autoridades partidarias.
El monto máximo de aportes podrá ser de cinco mil jornales mínimos, según explicó el diputado Eber Ovelar, de la Comisión de Asuntos contra Narcotráfico.
El diputado Jorge Ramón Ávalos lamentó que el proyecto no fuera tratado con anterioridad de manera a que pueda regir desde estas elecciones. Finalmente el proyecto de ley fue a probado por unanimidad.
