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miércoles 16 de noviembre de 2016, 01:00

Alumnos con mora en cuotas podrán rendir sus exámenes

Los alumnos y alumnas de centros educativos privados podrán rendir los exámenes finales aunque sus padres no estén al día con el pago de aranceles y cuotas.

Esto, tras promulgarse ayer la Ley N° 5738/2016, “Que garantiza el derecho del niño y del adolescente que estudia en instituciones educativas de gestión privada”.

La normativa establece en su artículo 2 que en caso de que exista mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, las instituciones responsables no podrán: Denegar el derecho a exámenes parciales o finales, retener libretas de calificaciones, de exámenes parciales o finales y hacer público el estado de cuenta de las cuotas y aranceles educativos.

Asimismo, no se podrá hacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles educativos no vencidos ni establecer cualquier otra medida que pudiera afectar el derecho a la permanencia y acceso oportuno a la educación.

Medidas. Armando Ficorilli, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AIEP), manifestó que junto con otras asociaciones se analizarán las medidas a adoptar luego de la promulgación de esta ley.

Sobre el impacto de la normativa, Ficorilli explicó que las instituciones normalmente tienen facturas de crédito o algún documento de compromiso de pago que se tendrá que negociar o ejecutar cuando no haya otras posibilidades de pago.

Comentó que se podría plantear una medida de inconstitucionalidad si no se logra nada con el diálogo. “Nosotros siempre vamos a apelar al diálogo. Tenemos la promesa del ministro (Enrique Riera), él nos había entendido perfectamente y dijo que le iba a pedir al Presidente (Horacio Cartes) para que vete la ley”, sentenció.

En los próximos días, tras la reunión de representantes de las asociaciones, empezarán a contactar con parlamentarios para pedirles la modificación de la Ley N°5738/2016.

“Solo mediante una nueva ley se solucionará esta metida de pata, porque en el Congreso aprobaron el proyecto sin consultar a las partes afectadas y eso es inconstitucional”, afirmó Ficorilli.

Resaltó que el Ejecutivo también promulgó la ley haciendo caso omiso a las partes afectadas. “Entonces, lo bueno sería que haya apertura al diálogo y a la racionalidad para que hagan algo nuevo o sino tendremos que ir por el lado judicial para solucionar esto”, sentenció.