VILLARRICA
Una planta criptominera instalada en el barrio Santa Lucía, de la ciudad de Villarrica, Departamento del Guairá, desató una denuncia sin precedentes por polución sonora. Vecinos denuncian graves y persistentes daños a la salud, desaparición de fauna y relatan una lucha de casi dos años que hoy busca un fallo histórico.
El ruido llegó primero como una sospecha. Un zumbido lejano, casi imperceptible, que algunos confundieron con el viento o con el eco de motores distantes. Hasta que se volvió más persistente –todo el día– y era como tener con un enjambre de abejas en el oído.
Así fue cómo ese sonido se volvió protagonista y se instaló en los centenares de hogares de la zona, manteniéndose en las noches, agitando –invisible– las almohadas.
En un principio, los vecinos tenían una vaga esperanza de que todo eso sería temporal, que no duraría siempre. Pero eso todavía estaba lejos de cumplirse, al menos eso no estaba en los planes de la empresa Bitfarms, la firma canadiense que se había instalado en junio de 2024 en la capital del Guairá.
Muchos de los vecinos, no solo dejaron de descansar, sino que empezaron a acusar desequilibrios en su salud. De la imposibilidad de pegar el ojo (insomnio), pasaron a acusar jaquecas, fatiga, estrés y hasta ataques de pánico. También, estas afecciones se sumaron desequilibrios a nivel orgánico que derivaron en prediabetes y el hipotiroidismo.
En este barrio de Villarrica, la historia de la criptominería empezó como una presencia silenciosa que creció sin anuncios claros. Fue en junio de 2024 cuando comenzaron a operar los primeros equipos en la fracción Arasa Poty, en un predio contiguo a viviendas familiares.
Lo que parecía una instalación tecnológica más pronto reveló su verdadera dimensión; miles de máquinas funcionando las 24 horas, generando calor y, sobre todo, un ruido constante alimentado por potentes sistemas de ventilación industrial.
Al principio, los vecinos intentaron adaptarse. “Pensamos que iba a parar, que era algo temporal”, recuerdan. Pero entre julio y agosto, el sonido se intensificó.
Se volvió más grave, más penetrante, más presente. Ya no era un ruido lejano, era una vibración continua que atravesaba paredes y se metía en el cuerpo.
Fue en ese momento cuando comenzaron las primeras quejas. Sin embargo, según los denunciantes, no hubo respuestas inmediatas. Incluso, afirman, fueron desacreditadas.
“Nos trataron de exagerados, de esquizofrénicos, de inventar”, dicen hoy, con la certeza de quien convivió durante meses con un problema que nadie parecía querer escuchar.
naturaleza enmudecida
Santa Lucía, caracterizada por su entorno verde, comenzó a transformarse en cuestión de meses.
“En seis meses ya no vimos más loros, ni otras aves, ni reptiles. Era algo evidente. El ambiente cambió completamente”, relata María Sol Arrúa Ayala, de 26 años y una de las referentes del grupo vecinal que resiste a la criptominería.
Lo que antes era un barrio con sonidos naturales, aves, insectos, vida, se convirtió en un espacio dominado por un zumbido mecánico permanente.
“No podía descansar”
Para Denise Báez (36), el impacto fue inmediato y personal.
La criptominera se instaló literalmente al lado de su vivienda, cuando su hijo tenía apenas dos años.
“Al principio no era tan fuerte, pero fueron agregando máquinas. El ruido crecía cada semana”, recuerda. Con el tiempo, los efectos se volvieron inevitables. “Me causaba jaquecas, estrés constante. No podía estar tranquila en mi casa. Me levantaba con la cabeza pesada, como si no hubiera dormido”, relata.
El calor agravaba la situación. “En los días más calurosos era peor. El ruido se sentía más fuerte, más pesado”, añade.
Intentó una solución directa. “Invité al dueño para que escuche. Después amurallaron el predio y prometieron bajar el ruido, pero no cumplieron”, afirma. La comunicación, dice, fue siempre difícil. “Decían que eran extranjeros. Era complicado hablar con ellos”, expresó.
Ante la falta de respuestas, acudieron a la Municipalidad y luego al Ministerio Público. “Tuvimos respaldo, pero el proceso es largo. Estamos esperando un juicio que ya debería haberse hecho”, sostiene.
Para ella, el problema trasciende su caso. “Esto puede expandirse a otros barrios. Es una lucha ciudadana y necesitamos que se visibilice”, dijo.
“Tuve ataques de pánico”
María Sol Arrúa Ayala (26) se convirtió en una de las voces centrales de la denuncia. Su testimonio reconstruye no solo el origen del conflicto, sino sus consecuencias más profundas. “Era un ruido insoportable, como un avión, un lavarropas y un tono metálico todo junto. No se apagaba nunca, las 24 horas”, describe.
Con el paso del tiempo, la exposición constante derivó en un cuadro clínico. Fue diagnosticada con estrés crónico. “Tuve tres ataques de pánico, no podía dormir. Tenía que aislarme completamente para intentar descansar. Mi cuerpo ya no respondía igual”, relata.
El impacto no fue solo emocional. Según explica, el desgaste prolongado activó problemas de salud. “Se me dispararon cuadros como la prediabetes y el hipotiroidismo. Todo por el estrés continúo”, afirma.
Su caso no fue aislado, ya que varios vecinos, según sostiene, requirieron asistencia psicológica por ansiedad, insomnio y agotamiento. “Esto nos enfermó. No es una exageración”, enfatiza.
“Un tipo de tortura”
La Dra. Luz Aranda, del Área de Salud Mental de la IV Región Sanitaria, Guairá, suscribe que la exposición a ruidos fuertes –primero– puede provocar irritabilidad, problemas de sueño, concentración, memoria, estrés cuando se torna sistemática.
“La exposición prolongada a este tipo de contaminación sonora de manera sistemática y constante (24 horas) incluso podría catalogarse como un tipo de tortura; generando estrés que puede cronificarse, o estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad, depresión principalmente y también problemas somáticos por exposición prolongada a situaciones estresantes (gastritis nerviosa, dolores musculares, eccemas en la piel, caídas del pelo, cefaleas, etc.)”, expone.
- Se me dispararon cuadros como la prediabetes y el hipotiroidismo. Todo por el estrés. Tuve tres ataques de pánico. María Sol Arrúa Ayala, vecina de Santa Lucía.
Inédito juicio por polución sonora marcado por dilaciones
La presión de los vecinos derivó en una investigación que hoy se encuentra en instancia de juicio oral. La fiscala Jadiyi Ortiz sostiene la acusación por contaminación del aire en su modalidad de polución sonora, con base en peritajes y testimonios.
El proceso es considerado uno de los primeros en Paraguay en llegar a esta etapa por un caso de este tipo. Sin embargo, estuvo marcado por dilaciones. Cambios de defensa a último momento y suspensiones reiteradas generaron malestar en los denunciantes.
El proceso judicial tenía una fecha clave, el pasado 23 de abril se preveía el inicio del juicio oral y público, tras varias suspensiones que generaron cuestionamientos por parte de los denunciantes. Pero la defensa volvió a presentar otro incidente que postergó la audiencia.
La causa involucra a más de 500 familias que aseguran haber sido afectadas por el funcionamiento constante de la planta, con denuncias que abarcan desde daños a la salud hasta posibles impactos ambientales.
Para los vecinos, el caso trasciende lo puntual. Sostienen que el juicio podría sentar un precedente a nivel nacional frente al crecimiento de este tipo de industrias en zonas urbanas.
“No es solo un barrio, es el futuro de la ciudad”, defienden a coro los vecinos.
La otra cara de la historia
Aunque no brindaron declaraciones directas en este caso, desde el sector de la criptominería sostienen que las operaciones se ajustan a la normativa vigente y cuentan con mediciones dentro de parámetros permitidos.
También argumentan que la actividad representa una oportunidad económica para el país, aprovechando su matriz energética y atrayendo inversiones.
El ex gerente de Bitfarms, Juan Ignacio Marcillo, procesado por presunta polución sonora, no accedió a brindar declaraciones a esta corresponsalía de ÚH.
Solo su abogado, Rodrigo Cabral se limitó a declarar recientemente que la última recusación al tribunal respondió a la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del proceso. Explicó que antes ya se habían presentado incidentes relacionados con la suspensión de audiencias y la situación de la defensa técnica, señalando que el acusado considera que sus garantías procesales fueron vulneradas.
El caso se remonta a denuncias vecinales por ruidos constantes provenientes de una criptogranja que operaba con miles de equipos las 24 horas, generando niveles de sonido que, según reportes y mediciones, superaban los límites permitidos y afectaban la salud de los residentes.
Villarrica, con cerca de 60.000 habitantes, alberga alrededor de 30.000 computadoras destinadas a la criptominería, una cifra que revela la magnitud de una industria que avanza en silencio y que, para muchos, representa un importante salto económico y una gran oportunidad de desarrollo. Sin embargo, este crecimiento también plantea desafíos que no pueden ignorarse, el impacto en la vida cotidiana exige pensar en una coexistencia equilibrada y responsable, donde el progreso económico no avance a costa del bienestar de la comunidad.
