Lo ocurrido días atrás, con la aprobación de las notas reversales de Yacyretá en la Cámara de Diputados, solo es un punto seguido en una historia que ya comenzó amorfa y que aún está muy lejos de terminar. Atribuir todos los errores y episodios de corrupción, acontecidos durante décadas, a la administración argentina de la entidad es pecar de ingenuos e hipócritas. El descalabro financiero y técnico en 44 años de la EBY es tanto responsabilidad paraguaya como rioplatense.
El original Anexo A del Tratado, en su artículo 15, establece la alternancia en el cargo de director ejecutivo cada cinco años. Significa que el titular paraguayo tenía que ocupar el principal puesto cada lustro para controlar, auditar y fiscalizar las operaciones en toda la hidroeléctrica, no solo en la margen derecha (lado paraguayo). Es decir, podía exigir rendición de cuentas a los argentinos si estos cometían irregularidades, incluso en su lado de la represa.
No obstante, desde 1974 hasta la fecha, el director paraguayo nunca desempeñó ese rol, ya sea por complacencia, inutilidad o venta de voluntad. En consecuencia, el mal manejo de la EBY prosperó y desde 1994 (inicio del funcionamiento de la primera turbina) se agudizó.
Según el Tratado, Yacyretá debía contar con 30 unidades generadoras y con un embalse compensador para aminorar el deterioro de las máquinas producido por el proceso de cavitación (golpes hidráulicos por baja presión). No obstante, se decidió colocar solo 20 turbinas y se ignoró la construcción del embalse, lo que a la postre repercutió en largos periodos de reparaciones de máquinas, con jugosas licitaciones dirigidas, soluciones parches y contrataciones amañadas. Todo esto, con la complicidad de los paraguayos, quienes prefirieron recolectar maletines.
La mentada cogestión paritaria que fija la Nota Reversal 6/14 hace que Paraguay renuncie formalmente a controlar las operaciones de Yacyretá, dado que casi el 100% de la venta de energía se hace a la Argentina. Con este documento, el director paraguayo solo se encargará de administrar su margen, dejando prácticamente la totalidad del flujo financiero en manos vecinas. Algo peligroso, si se tiene en cuenta que en el pasado los argentinos no pagaron correctamente por la adquisición de electricidad. Ebisa (contraparte de la ANDE) otorgó notas de crédito (papeles) por montos astronómicos, lo que equivale a millonarios subsidios.
DUDAS. El escepticismo sobre el cumplimiento de las nuevas disposiciones financieras (modificación del Anexo C), la cancelación de la deuda de USD 4.084 millones y el aumento en el pago por cesión de energía, es legítimo. Simplemente por el hecho de que nuestros representantes no inspiran confianza. La selección de autoridades locales en la central obedece a favores políticos. El aporte de los consejeros es nulo, ninguno en la historia se ha destacado por hacer frente a los atropellos bonaerenses. Estos funcionarios (al igual que los de las nóminas inferiores) quedan sedados al cobrar sueldos multimillonarios. La administración de Fernando Lugo (Frente Guasu - PLRA) tuvo su oportunidad para corregir estas falencias, pero también sucumbió ante la inacción.
Como señalaron algunos especialistas, a Paraguay solo le queda utilizar más energía de la EBY y ejercer su derecho de venta a terceros países para generar desarrollo. Por ende, debe encarar las adecuaciones en infraestructura y exigir la puesta a punto de las líneas de 500 kilovoltios (kV).
Defender la soberanía no implica apuntar los cañones a Buenos Aires y cortar las necesarias relaciones. Simplemente basta con hacer cumplir los acuerdos y exigir el control en algo que es tan nuestro como suyo. Para el efecto, se necesita gente apta y declarar a Yacyretá, así como a Itaipú, en una causa nacional.
