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Wasmosy se pronuncia en contra de la deuda espuria de Itaipú

El ex presidente de la República Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) utilizó su investidura de senador vitalicio para pronunciarse este jueves contra el informe de la Contraloría sobre la deuda ilegal de Itaipú.

El ex presidente Juan Carlos Wasmosy participó en forma virtual este jueves de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y se conectó exclusivamente para plantear un punto acerca del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la deuda espuria de Itaipú.

Cuestionó el documento y dijo que está apoyado en "premisas falsas" y "equivocadas". "Es incorrecto afirmar que la deuda no se arrastró y siguió creciendo hasta 1996, cuando se había convertido en una deuda vencida", acotó en un momento.

Incluso acotó que el contralor general de la República, Camilo Benítez, confunde los temas.

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"Pues no corresponde asociar la denominada deuda espuria con la deuda vencida y registrada en los asientos contables de la Itaipú, ni decir que fue reconocida o convalidada por los negociadores paraguayos", agregó Wasmosy.

En este sentido, argumentó que se siente personalmente afectado por tal informe y posteriormente solicitó que el Senado inste a la Binacional, margen derecho, que se manifieste y conteste el informe sobre la deuda espuria, rechazando los puntos falsos, con copia a la Fiscalía.

Insistió en que la deuda de Itaipú, valuada en USD 4.193 millones y que se generó entre 1985 y 1997, debe considerarse "cancelada" en reacción a una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

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Opositores denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos a los gobiernos que consideran responsables de la deuda espuria por lesión de confianza y asociación criminal, y citan que los hechos ocurrieron desde la era de Alfredo Stroessner hasta la presidencia de Juan Carlos Wasmosy.

Por patrocinio del abogado Efrén Silva se hizo la denuncia. Consideran que los hechos punibles que se señalan en los informes de la Contraloría todavía no prescribieron.

Un grupo de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y políticas también se pronunciaron anteriormente al respecto. Exigieron el cese del pago de la deuda y que el Brasil devuelva el dinero “robado”. Asimismo se exige que las autoridades responsables paguen ante la Justicia.

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