La violencia política se cobró una nueva víctima en Paraguay. En este caso, de un líder indígena del pueblo Paî Tavyterã, Eulalio Aquino, asesinado por dos sicarios frente a su vivienda y en presencia de sus familiares. La víctima era docente y funcionario de la Gobernación de Amambay, de la Secretaría de Asuntos Indígenas y era precandidato a concejal de la Junta Municipal de Cerro Corá, un novel distrito creado en 2020, en el Departamento de Amambay. Algunos medios de comunicación y redes sociales daban cuenta de este hecho, sucedido pocas semanas antes de las internas partidarias previas a las elecciones municipales.
El territorio ancestral del pueblo Paî Tavyterã –conformado por 15.705 personas– a un lado y otro de la frontera entre Brasil y Paraguay lleva décadas siendo disputado por bandas criminales, terratenientes y grandes productores sojeros. En este contexto, se ha dado la resistencia y la resiliencia de las personas integrantes de las comunidades indígenas. El IV Censo Nacional Indígena 2022 evidencia que 32 de las 61 comunidades de este pueblo tienen alguna dificultad para acceder a recursos naturales a causa de los desmontes con maquinarias, fumigación con agroquímicos, entre otras causas; 10 de estas comunidades tienen algún problema en relación con la tenencia de la tierra, en su mayoría relacionada con la apropiación indebida de agroempresarios o ganaderos. Además, 14 comunidades han reportado violencia por parte de agresores externos como dueños de estancias o de cultivos extensivos e incluso de agentes estatales como jueces, fiscales o policías.
Más allá de las cifras, el Censo y una serie de investigaciones periodísticas y académicas revelan la vulneración de derechos de este pueblo. Denuncias de organizaciones indígenas y no indígenas dan cuenta de la impunidad con que actúan diversos agresores y la indefensión creada en las comunidades debido a la falta de respuesta de las instituciones del Estado paraguayo.
A la violencia sistemática y estructural que ha afectado desde hace décadas al pueblo Paî Tavyterã, ahora se suma la violencia política, cuya acepción remite a cualquier acto o amenaza para intimidar, hacer daño físico o abusar de un actor político con el propósito de influir en un proceso electoral. Varios estudios de Ciencia Política indican que los políticos pueden convertirse en el blanco de la violencia cuando deciden no cooperar con organizaciones criminales que ejercen control territorial y tratan de eliminar la competencia electoral mediante amenazas o asesinatos. Esta situación se registra principalmente a nivel subnacional y en zonas con débil presencia estatal.
Si bien corresponde a la Justicia esclarecer las causas y las responsabilidades concretas, inicialmente el asesinato del líder Eulalio Aquino se enmarca dentro de la violencia política que atenta contra la participación electoral de los pueblos indígenas. En palabras más simples, el sicariato en motocicleta –típico modus operandi del crimen organizado en la frontera– se trasladó a las comunidades indígenas para eliminar liderazgos políticos.
Aunque la Policía detuvo a un sospechoso material (con antecedentes y órdenes de captura previas), la investigación debe llegar hasta los autores intelectuales. El verdadero motor de la violencia política reside en quienes financiaron u ordenaron el crimen. Cuando las candidaturas electorales se resuelven con plomo y no con votos, no solamente están en riesgo las figuras políticas, sino que están en peligro el propio sistema democrático y toda la sociedad paraguaya.
