Imágenes de video que fueron difundidas a través de las redes sociales captaron el momento en que una mujer es víctima de una brutal agresión física por parte de un hombre en plena vía pública de la ciudad de Fernando de la Mora, en el Departamento Central.
El hecho ya se habría registrado durante el lunes, pero hasta el momento no se ha presentado una denuncia sobre el caso ante la Policía Nacional ni la Fiscalía, informaron a través de Telefuturo.
La brutal agresión ocurrió específicamente en la zona Sur de la mencionada ciudad, sobre la calle Teniente Rojas Silva, esquina Fortín Camacho. Lamentablemente, ninguna persona se acercó hasta el lugar para auxiliar a la víctima.
En el video, que fue grabado por un testigo que se encontraba a pocos metros del lugar, se observa que se trata de dos personas jóvenes que estaban discutiendo primero sobre la avenida misma.
Repentinamente, el joven comienza a empujar y golpear en la zona del rostro a la mujer y arrastrarla hasta la vereda de un local comercial.
Allí la empuja con mucha brutalidad, la echa al suelo y finalmente le propina una fuerte patada, mientras proseguía apuntándole, aparentemente con amenazas.
El oficial David Schembori, de la Comisaría 11ª de Fernando de la Mora, cuya jurisdicción está a cargo del caso, confirmó que ya se pusieron al tanto del hecho a través de las redes sociales, pero que hasta el momento no hay una denuncia formal en la dependencia policial ni en otras.
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No obstante, aseguró que se está realizando un trabajo investigativo sobre la agresión, pero que esperan que algún testigo pueda acercarse para formalizar la denuncia a fin de tener más datos y llegar más rápido hasta los involucrados.
La Ley 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, tiene por objeto establecer mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral a las mujeres víctimas de violencia.
Además, en su artículo 7 establece que la sociedad debe participar de forma protagónica para lograr su vigencia, mientras que el Estado debe garantizar que las instituciones públicas cumplan con sus deberes y obligaciones para el cumplimiento de la normativa.