En un video captado a través de un celular por una testigo, se puede observar el momento en que agentes de la Policía Nacional y civiles se agreden brutalmente en la zona de la Chacarita, en inmediaciones del Congreso Nacional.
En la imagen se ve a un policía portando presumiblemente una escopeta, con la cual golpea a un civil, quien cae al suelo y allí fue golpeado con el arma por el agente. Posteriormente, aparecen otros uniformados quienes tratan de asistir a su compañero.
Luego, llegan más civiles al lugar y allí uno de ellos redujo al uniformado, quien cayó al suelo. En la imagen se ve que el agente trata de esquivar los golpes defendiéndose con las piernas, cuando la mujer que grababa gritaba al agresor "¡Basta, basta!”.
Tras los gritos desesperados de la mujer, el agresor huye corriendo y llega otro agente de la Policía Nacional, quien arrastra a su compañero para sacarlo del lugar.
Los enfrentamientos entre manifestantes y policías se registraron este miércoles en inmediaciones del Congreso Nacional, en el microcentro de Asunción. Toda la mañana hubo mucha tensión e incidentes en el lugar. Además, fueron siniestrados tres vehículos estacionados.
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En el lugar los manifestantes arrojaron cascotes y los uniformados respondieron con balines de goma y carros hidrantes. La Policía Nacional reportó oficialmente que hay siete agentes heridos, uno de ellos fue acertado con una flecha que quedó incrustada en su pierna. Además hay manifestantes que quedaron heridos.
Las personas inclusive saquearon vehículos de los cuales se llevaron baterías y accesorios eléctricos, frente a la mirada de los agentes policiales que nada pudieron hacer, informó NPY.
Los incidentes se registraron luego de que el pleno de la Cámara de Diputados tratara y aprobara el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, de manera a elevar las penas por invasiones de inmuebles.
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De esta manera, quedaron sancionadas las modificaciones del Código Penal que tipifican a las invasiones de tierras como un crimen, cuya pena privativa de libertad podría llegar hasta los 10 años. A partir de ahora, la promulgación o rechazo dependerá del Poder Ejecutivo.
