El plan está dividido en los tres temas que se abordaron en el Vaticano: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia.
Entre las 21 medidas que lo conforman, la asociación de víctimas exige que el clérigo que es encontrado culpable de cualquier tipo de abuso a menores tenga que ser “inmediatamente expulsado de su cargo y del sacerdocio”, al igual que cualquier miembro de la Iglesia que encubra.
Piden que toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles y en ningún momento pueda ser destruida, así como que se denuncie a las magistraturas nacionales cualquier denuncia que reciban de casos de abusos a menores.
Reclaman la anulación del motu propio de 2016 de título Como una madre amorosa del papa Francisco al considerar que resulta demasiado “blanda” con la responsabilidad de los miembros de la Iglesia.
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Otra de las medidas es la de eliminar la inmunidad para los diplomáticos vaticanos y que puedan así ser juzgados en los lugares donde cometen los delitos
Demandan que se contemple las indemnizaciones a las víctimas de abusos por parte de cada Conferencia Episcopal.
En cuestión de transparencia, exigen la publicación de todos los registros y archivos con los religiosos que han cometido abusos a menores, incluidos los ya apartados o fallecidos.
Exhortan a remover el secreto pontificio respecto a estos casos, entre otras peticiones.
Uno de los puntos exige al papa Francisco que sea transparente sobre su propia responsabilidad y que entregue a las autoridades civiles toda la documentación relativa a su papel (cuando era arzobispo de Buenos Aires) de casos como los de julio Cesar Grassi y Nicola Corradi.
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Asimismo exigen transparencia en el caso del obispo argentino Gustavo Zanchetta, titular hasta 2017 de la diócesis de Orán (norte de Argentina), y que está siendo investigado por el Vaticano después de ser acusado de abusos sexuales.
Zanchetta abandonó Argentina y se asentó en España, pero el papa Francisco le llamó para ocupar un puesto como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.
“Este es el plan de acción que tendría que haber presentado ayer el papa Francisco en su discurso en vez de hablar de generalidades. Son medidas de sentido común”, explicó a EFE el portavoz en español de ECA, Miguel Hurtado y que denunció por abusos a un monje de la abadía de Monserrat.
Hurtado puntualizó que la tolerancia cero que promete la Iglesia tiene que comenzar con expulsar inmediatamente a quien ha abusado de un niño.
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Explicó que algunas de estas medidas se presentaron en la reunión que mantuvieron con el comité organizador de esta cumbre el pasado miércoles y que “ninguna de ellas se ha incluido en el documento final del Vaticano (el discurso del papa)”.
Hurtado denunció que lo que dijo este domingo el papa Francisco “no es diferente a lo que prometió Juan Pablo II o Benedicto XVI. ¿Por qué nos tenemos que creer que va a suceder ahora?”.
Respecto a la petición de tiempo del Vaticano para elaborar sus propuestas tras la cumbre, Hurtado zanjó: “Se necesita muy poco tiempo para violar a un niño”.
