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La Iglesia admite que destruyó archivos sobre los abusos

 

La Iglesia Católica destruyó archivos sobre los autores de abusos sexuales, reconoció ayer el influyente cardenal alemán Reinhard Marx durante la histórica cumbre en el Vaticano sobre la lucha contra la pederastia.

“Los archivos que hubieran podido documentar estos actos terribles e indicar el nombre de los responsables fueron destruidos o incluso no se llegaron a crear”, declaró el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana.

La dura denuncia del purpurado generó la inmediata reacción de una de las organizaciones de defensa de las víctimas de curas pederastas presentes en Roma para la ocasión. “Eso es ilegal”, comentó indignado el estadounidense Peter Isely, fundador de ECA (End Clergy Abuse), mientras participaba en una marcha en el corazón de Roma para exigir medidas inmediatas. “El abuso sexual de niños y jóvenes se debe, en una parte no insignificante, al abuso de poder de la administración”, aseguró el purpurado alemán, en su intervención ante los asistentes a la cumbre, entre ellos 114 presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo convocados para hablar también del silencio y el encubrimiento de la pederastia por parte de la jerarquía eclesiástica.

“En lugar de castigar a los culpables, fueron las víctimas las que fueron reprendidas y silenciadas”, lamentó. “Los procedimientos y trámites fijados para perseguir esos delitos fueron deliberadamente ignorados, e incluso borrados o anulados”, insistió. “De hecho, los derechos de las víctimas fueron pisoteados y dejados al libre albedrío de individuos”, denunció el cardenal.

El arzobispo de Múnich y Frisinga, conocido por sus posiciones progresistas, criticó que el secreto pontificio sea presentado a menudo como una justificación por la Iglesia y pidió que se levante para casos como el de los abusos sexuales perpetrados por curas, un pedido hecho por otros prelados durante los 3 días de labores.

El cardenal pidió una mayor transparencia sobre los juicios que lleva a cabo la Iglesia y exigió que se divulguen el número de casos examinados por los tribunales eclesiásticos y detalles sobre los mismos.

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