Los abogados José Ignacio González Macchi, Ulises Martín Nicora y Cynthia Almada, en representación del procesado Eddie Ramón Jara, habían atacado la resolución del 23 de octubre pasado del juez Osmar Legal, que interinaba a su colega Humberto Otazú por la que se admitió el caso.
Con el fallo, el juez admitió la imputación por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Eddie Ramón Jara, a más de citarle para el próximo viernes 6 de noviembre, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En su recurso de reposición, los abogados señalan que la resolución se dio sin el correspondiente análisis sobre si se cumplieron o no los presupuestos de la imputación. Además, dicen que los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero no se pueden basar en meras conjeturas o estimaciones globales.
Dicen que si se afirma un supuesto descalce financiero o ingresos no justificados, sin contar con un informe técnico pericial que determine con precisión matemática los montos para respaldar el pedido, el relato se vuelve vago, genérico, lo que deriva en una indefensión material.
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La indefensión se al carecer la imputación de indicios sólidos suficientes y de un relato fáctico idóneo que plantee, con la seriedad técnica necesaria, la existencia de los hechos punibles que se atribuyen a Jara, conforme con la defensa, que pide revocar el fallo.
La fiscalía, por su parte, requirió que se rechace el recurso debido a que la imputación cumplía con todos los requisitos legales para su admisión. Dice que se individualizó al imputado, se describieron los hechos y se pidió un plazo para su requerimiento conclusivo.
La resolución
Por su parte, el juez al analizar el caso, explica que al realizar un estudio pormenorizado del acta de imputación, entiende que el mismo cumple con todos los requisitos formales exigidos.
“Se identificó suficientemente al imputado y se describió sucintamente los hechos que se le atribuyen; además, el órgano investigador ha individualizado la conducta imputada y ha detallado los elementos que formaron la convicción necesaria y el grado de sospecha acerca de la existencia de hechos punibles, asimismo ha solicitado el plazo de seis meses para la investigación de la presente causa”, afirma.
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Apunta que será plenamente identificado el procesado Eddie Ramón Jara Rojas, investigado porque presumiblemente habría realizado, desde su primer periodo y principalmente durante el segundo periodo de su gestión como presidente de Petropar actos de disposición por montos que superarían las disponibilidades que podrían provenir de sus ingresos lícitos documentados.
“Como bien refiere la doctrina, la sospecha en el derecho procesal penal es un juicio de índole provisional, es decir, los hechos atribuidos al procesado son de forma temporal, los cuales están sujetos a las resultas de la investigación en la presente causa que se encuentra en la etapa inicial”, remarca.
De esta manera, finalmente, rechaza el recurso de la defensa, y confirma la resolución por la que se admitió el caso. Sin embargo, hace lugar a la apelación subsidiaria, con lo que remite al Tribunal de Alzada para su estudio.
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Por lo pronto, la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 6 de noviembre está prácticamente suspendida salvo que se resuelva el recurso por parte de los camaristas.
En la causa, también está procesada su ex esposa Karina Otazú por supuesto lavado de dinero, quien también fue citada para la imposición de medidas cautelares.
Según la fiscala Yeimy Adle, el ex titular de la petrolera estatal y a su ex pareja porque no pudieron justificar la suma de G. 5.399.450.612, con lo que indica que existirían delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.