Liz Analía Acosta
Liz-AcostaBenitez@ultimahora. com
El sistema penitenciario tiene un antes y un después del operativo Veneratio, según confirma el viceministro de Justicia, Víctor Benítez. El experto explicó que se apunta a reformar los controles para evitar la corrupción de agentes penitenciarios y confirmó que se está trabajando para separar a condenados de prevenidos.
–¿Cómo se está trabajando con el régimen de máxima seguridad y en cuántos penales se aplica hoy en día?
–El régimen de máxima seguridad o régimen especial cerrado lo estamos teniendo hoy en día en los dos centros penitenciarios nuevos de los tres que están previstos habilitar en el Martín Mendoza de Emboscada, como así también el de Minga Guazú.
Dentro de nuestra normativa jurídica, el Código de Ejecución nos permite justamente que no solamente las personas condenadas, sino también las personas prevenidas o procesadas estén dentro de ese régimen cerrado especial, en atención a que no se adecuan a un sistema penal ordinario.
–Se criticó bastante este régimen, porque no se había sancionado todavía como ley; entonces se afirmó que era ilegal. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia?
–Bueno, es muy importante resaltar esa cuestión. Lo que queríamos hacer con esa ley de máxima seguridad era justamente tener una mejor normativa.
No significa que lo que estamos haciendo hoy en día esté fuera de la ley, porque mencioné que dentro del Código de Ejecución en el artículo 201 menciona eso, que una persona prevenida puede estar en este régimen cerrado especial porque no se adecua a un sistema penal ordinario.
Ya sea la persona privada que tiene un mal comportamiento o es una persona con mucho caudal económico y que se sirve de eso para ganar adeptos y genera muchas veces un problema dentro del sistema penitenciario, porque hacen que las personas privadas actúen a favor de esa persona para protegerla a esta.
Muchas veces, incluso, no nos dejan tener el control dentro de la penitenciaría… es por eso que no se adecuan a un sistema penal ordinario y necesariamente deben ir al régimen cerrado especial, pero no es para siempre.
Dentro de las normas también como Ministerio de Justicia tenemos que hacer una evaluación cada seis meses, para evaluar si esa persona que está dentro del régimen cerrado se adecua al reglamento.
–Con relación al proyecto de ley, ¿en qué instancia está eso?
–Ese proyecto de ley se había presentado al Congreso, pero el Congreso no llevó a presentar en plenaria, entonces debemos impulsar nuevamente eso con conversaciones y tratar de que tengamos con eso una ley que nos pueda ayudar también a seguir con ese régimen.
–Con relación al hacinamiento, ¿cómo se está trabajando? ¿Hay planes de ir separando a los prevenidos de los condenados?
–En cuanto al hacinamiento, venimos trabajando con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, a fin de tener medidas alternativas a la prisión, en caso de prevenidos; y dar mayores beneficios penitenciarios en el caso de condenados, de esta forma dar más oxígeno a las penitenciarías.
En el caso de delitos menores, que no todos vayan a parar con una prisión preventiva, trabajar más con el arresto domiciliario, medidas alternativas a la prisión.
Ahora bien, en cuanto a la separación de prevenidos y condenados, lo estamos trabajando en Misiones, en Emboscada y también estaremos haciendo en Tacumbú.
–En cuanto al abuso de la prisión preventiva, ¿hay conversaciones con el Poder Judicial para poder evitar eso?
–Así mismo. La Corte ya había bajado línea en reiteradas ocasiones, pero los jueces tienen autonomía, entonces cada juez aplica nuevamente según su criterio y muchas veces los operadores de Justicia actúan de esa forma por temor también a otro organismo del Estado, la presión social, que existe muchas veces, entonces la mayoría de los magistrados prefieren dar prisión antes que una medida alternativa.
–Un punto denunciado es también el régimen de disciplina que a veces se tiene en las cárceles, que incluso deja a los presos que se encarguen y se vulneran derechos. ¿Hay un plan para mejorar esa situación?
–Con relación a las violaciones de derechos humanos que se podrían dar dentro de las penitenciarías, con los agentes penitenciarios se trabaja mucho el uso de la fuerza, las capacitaciones constantes y, un poco lo que mencionás, que a veces las personas de libertad son las que actúan muchas veces de capataces.
Son esas personas que actúan como capataces o que ponen orden, son las que muchas veces van a parar al régimen cerrado especial, porque quieren sobreponerse al régimen de la penitenciaría y quieren actuar por sí solas.
–En cuanto a los agentes penitenciarios que están a veces expuestos a ser cómplices del crimen organizado, ¿cómo se trabaja?
–Constantemente, los agentes penitenciarios reciben capacitaciones, son evaluados, pero la corrupción está en todos lados. Entonces, siempre mencioné que por más que una persona reciba toda la capacitación que pueda recibir, si pareciera ser que lo tiene en la sangre, entonces es muy difícil erradicar eso.
Con lo que estamos luchando es justamente el control constante, más tecnología, doble control. Estamos trabajando en la concienciación de los agentes penitenciarios y a lo que ellos están expuestos, si es que actúan en connivencia con estos delincuentes.
–Con relación a la proliferación del crimen organizado en las cárceles, ¿cómo se planea erradicar eso?
–Justamente la forma más eficaz de contrarrestar eso es que nosotros como Estado, como Ministerio de Justicia, podamos dotar a todas las personas de las necesidades básicas.
Entonces apuntamos a reforzar el presupuesto para que las personas privadas no deban recurrir a estas personas con mejor nivel económico para que puedan subsistir.
Es más, queremos erradicar esos patrones, entre comillas, o personas que tienen caudal económico y que busquen ganar adeptos. Estamos trabajando con la Policía, el Ministerio Público, con inteligencia, el Codena, estamos trabajando interinstitucionalmente para que estas organizaciones no se fortalezcan en las penitenciarías.
–Se cumple un año del operativo Veneratio, ¿hay un antes y un después en el sistema penitenciario?
–Creo que luego de Veneratio, incluso para el Estado paraguayo, se entendió que el sistema penitenciario no es solamente problema del Ministerio de Justicia, sino que una situación de seguridad nacional.
