La viceministra de Capital Humano y Gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picasso, evitó una opinión personal en el caso de los “nepo babies”, es decir, la contratación o el nombramiento de hijos de políticos en la función pública.
Dijo que dichos cargos se califican como cargos de confianza, según el marco legal vigente, y manifestó que hay lagunas en la Ley 1626/2000 de la Función Pública.
“El cargo de confianza es de libre disponibilidad y pueden entrar con la autoridad de turno. En principio, esto es el marco legal que tenemos, en esto es lo que tenemos que trabajar”, dijo a la Monumental 1080 AM.
La funcionaria explicó que estos cargos están definidos en el artículo 8 de la ley 1626, que regula la función pública, y que están sujetos a libre disposición de la autoridad de turno.
Según Picasso, el concepto de cargo de confianza implica que las personas que lo ocupan no tienen ningún vínculo o estabilidad laboral, y que pueden ser removidos en cualquier momento.
Nepo babys. Consultada estrictamente sobre el caso de los hijos de políticos y parlamentarios, ubicados en el Congreso y otras instituciones públicas sin concurso, no respondió de forma directa si son o no cargos de confianza, sino más bien habló de una confusión en el texto de la ley vigente.
“En una respuesta estrictamente legal, lo que te digo es, (los cargos de confianza) están definidos en el artículo 8 de la ley 1626, cuáles son de manera taxativa, dice luego así el marco legal... Entiendo que bajo el marco legal, y no me refiero solo a una ley, son cargos de confianza”, sostuvo, y luego dio a entender a que sí se ajustan.
Reconoció que existen algunas dificultades en la implementación de la Ley 1626, debido a que hay instituciones públicas que han planteado acciones de inconstitucionalidad contra la misma.
“Acciones de inconstitucionalidad han planteado alrededor de 25 instituciones públicas, y lo que es el Poder Judicial, que está exceptuado de manera anual en la Ley de Presupuestos, que es una ley que se aprueba anualmente, entonces ellos se exceptúan de la aplicación de la 1626 y de la 6622”, manifestó.
La viceministra dijo que se está trabajando para mejorar y fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos del sector público, y que se tiene una rectoría directa sobre el Poder Ejecutivo.
Habló de un proyecto de ley que busca modificar la ley 1626, para incorporar criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de selección, ingreso, promoción y evaluación de los funcionarios públicos.
