Una extensa cantidad de intendentes de todo el país se encuentran en pleno proceso de dimisión masiva con el objetivo de quedar habilitados para postularse nuevamente al cargo en las próximas elecciones municipales fijadas para el 4 de octubre próximo.
La formalización de estas renuncias ya se iniciaron en muchos casos y para quienes aún no lo han hecho tiene como fecha límite el 4 de julio. El motivo de este apuro no es deliberado, sino más bien responde a un requisito formal de la ley electoral.
Según explicó el director de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, la ley obliga a todos los intendentes que ganaron las internas y siguen en carrera electoral a dar un paso al costado con un mínimo de tres meses de anticipación.
En términos prácticos, esto significa que “deben tener sus renuncias formalmente aceptadas por sus respectivas juntas 90 días antes de la votación”. Se fija como límite improrrogable el sábado 4 de julio.
A la masiva salida de los ejecutivos comunales que ya dimitieron o lo deben hacer antes del fin de semana, se añaden las pujas que generan, así como las movidas a nivel de las Juntas locales, puesto que los concejales se disputan el cargo dejado por cada intendente. De acuerdo con ley, la Junta determina quién es designado como interino de entre los concejales.
CENTRAL, DISTRITO CON MÁS INTENDENTES AL REKUTU. Si se observa el mapa político de estas elecciones, el Departamento Central se consolida como la zona con mayor predominancia de distritos donde las actuales autoridades buscarán retener el poder a toda costa. La distribución no es equitativa y prácticamente son todos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes mueven sus estructuras en sus llamados feudos de este departamento.
Solo en Central, los intendentes de la ANR que buscan el rekutu están distribuidos en Lambaré, Guido González; San Lorenzo, Felipe Salomón; Capiatá, Laura Gamarra; Itauguá, Horacio Fernández; Ñemby, Tomás Olmedo; Guarambaré, Óscar Cabrera; Nueva Italia, Alcides Gamarra.
En el caso del PLRA, también varios municipios son codiciados por sus actuales intendentes, quienes deben renunciar antes de la pulseada de octubre. Ellos son Sergio Estigarribia, de Villa Elisa; Jorge Luis Dimartino, Itá; Diego Alonso, de J.A. Saldívar; Santiago Aguilera, de San Antonio.
PANORAMA EN EL INTERIOR. La intención del rekutu está descentralizada y convoca también las apetencias de los intendentes de tierra adentro; es decir, no se limita únicamente a la zona metropolitana.
Al abrir el mapa hacia las capitales departamentales y otras ciudades claves del interior, la obligación de dimitir antes del 4 de julio afecta a intendentes de gran peso político regional. Entre los casos más sonados fuera de Central se encuentra el del intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, quien también dejará el cargo para medir fuerzas en las urnas. Ganó cómodamente su interna donde se alzó con más de 11.000 votos.
Siguiendo con el norte, en el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, el actual intendente Gustavo Rodríguez (ANR), quien logró pasar su interna, está en la lista de los que dimitirán para tener la venia de competir en octubre.
CUESTIONADOS. Por su parte, en el distrito de Tomás Romero Pereira (Itapúa), su intendente, Ysidro Rivas, también busca el rekutu y deberá renunciar tal como establece la ley.
Conocido también por ser el padre del ex senador Hernán Rivas, este jefe comunal aliado al cartismo está investigado por presunto perjuicio patrimonial a su distrito y beneficiario del salvataje de la Cámara Baja que cajoneó de forma reiterada los pedidos de este y otros distritos. Rivas está acusado de un daño patrimonial de G. 2.000 millones en su gestión. Los concejales municipales denunciaron la existencia de supuestas obras fantasmas, desvíos y empresas de maletín.
Al igual que Rivas, otro que se salvó de momento del estudio del pedido de acuerdo para la intervención de su ciudad –documento que duerme en Diputados– es el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, quien en su caso ganó la interna como miembro de Fuerza Republicana.
Sobre Olmedo pesa una imputación por lesión de confianza, estafa y otros delitos. Los concejales señalan que el daño patrimonial trepa los G. 700 millones.
Otro hecho irregular hace mención a un atraso en el pago de la remuneración de los funcionarios municipales, además de un llamado vía excepción por G. 1.300 millones para la iluminación del cerro Ñemby.
Los casos mencionados quedaron congelados en virtud del pacto de “no agresión” entre colorados y sus aliados de otros partidos, mientras dure el periodo electoral.
En Caazapá, un miembro del clan Verón, el intendente Amado Baldomero Díaz Verón, integra la lista de los intendentes que pasaron sus internas. En lo que se espera su renuncia, pesa sobre él una grave denuncia penal que fue presentada ante el Ministerio Público antes de las internas por los concejales Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios encabezan la acción judicial.
El documento señala un presunto desvío de fondos provenientes de royalties. El monto del perjuicio patrimonial estimado asciende a G. 3.999.189.025 (aproximadamente USD 600.000).
Vacancias abren la pulseada entre los concejales locales
La tensión sobre en quién recaerá la administración de cada una de las ciudades donde los intendentes locales dan un paso al costado para volver a candidatarse el 4 de octubre es una coyuntura que los partidos deben administrar.
Las apetencias de poder ya se gestan en municipios donde los intendentes deben renunciar por ley para apuntar al rekutu.
Un caso es el de Lambaré, donde el intendente colorado adelantó su dimisión.
Allí, Guido González, quien fue imputado por el caso de la muerte de dos militares y sobre quien pesa denuncias sobre su administración, cedió la administración a la edil suplente, Magalí Franco, quien asumió como la intendenta.
De acuerdo con González, su paso al costado es en virtud de lo establecido en ley. Además delega las responsabilidades del cargo a la interina. “Hoy hago entrega de la administración municipal a la Lic. Magalí Franco, quien asume la Intendencia de Lambaré y las responsabilidades al frente de nuestra ciudad. Conforme a lo establecido por la ley, he solicitado permiso para participar de las próximas elecciones. Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo.
División. La elección de Franco al frente de la comuna lambareña, habría dinamitado una nueva interna y reabrió una brecha entre los concejales, uno de ellos candidato a intendente, Nelson Medina.
Pese a que el candidato liberal a intendente, solicitó postergar una semana la elección, los concejales liberales Lorenzo Mendieta, Diego Rotela y Daniel Molinas acompañaron el proceso que jugó a favor de la ANR.
En Itauguá, el concejal Luciano Lucho Salinas había denunciado la semana pasada que los colorados buscaban cambiar el reglamento de la Junta para hacer jurar una edil suplente y luego erigirla como reemplazante del intendente.
- “Hoy hago entrega de la administración municipal a Magalí Franco, quien asume la Intendencia de Lambaré”. Guido González, ex intendente de Lambaré.
