La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó una acción ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la “irregular e inconstitucional” remoción de la ex senadora Kattya González en febrero del 2024.
El director de la Codehupy, Dante Leguizamón, informó que el objetivo es que se analicen “las violaciones de derechos humanos” que rodean al caso, como derechos políticos, procesales y presunción de inocencia, además del acceso a un recurso efectivo de la ex legisladora durante el procedimiento de destitución.
Leguizamón indicó que el hecho se da dentro de un contexto de debilitamiento de instituciones democráticas y que la expulsión se dio en violación de normas de nivel nacional e internacional del debido proceso y defensa.
Kattya presentó una acción de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la medida, por lo que esta instancia fue agotada. Actualmente, el Estado ya cuenta con la notificación sobre la comunicación hecha a la ONU y esperan la respuesta correspondiente.
El abogado indicó que están preocupados por la independencia judicial y que con esta acción se busca que se logre dictar una medida de no repetición y se adapte el “procedimiento a estándares constitucionales, internacionales y de derecho humanos”.
La ex senadora, por su parte, indicó que la acción ante la ONU excede a su figura y más bien responde a la necesidad del “respeto a la voluntad popular” y que “el abuso de poder no sea la moneda de cambio del poder político de turno, para silenciar voces que sencillamente le incomodan y le molestan”.
Reclamó que Paraguay requiere seguridad jurídica para poder desarrollarse. “Si existe una Justicia independiente, que deje de morder como la víbora al descalzo y al desvalido”, expresó Kattya.
También recordó que hay otras víctimas como las de la mafia de los pagarés, “que desde el propio sistema opera para vulnerar derechos humanos fundamentales”.
Kattya igualmente criticó a los ministros de la Corte porque “se alinean a los dictados del poder político de turno”, manifestó la preocupación de que se viven momentos en los que el espacio cívico está cada día más cerrado y hay ataques a las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas.
El anuncio se dio en la conferencia de prensa donde también estuvo Miriam González, de Codehupy, quien alegó que el castigo político que le dieron a Kattya tiene relación con el género y por ser “juru guasu”, por tanto, es una “medida ejemplificadora y amenazante para otras mujeres que deciden entrar al campo de la política”. También calificó el caso como violencia política.
Finalmente, el abogado Hugo Valiente, que encabezará el caso como parte de Codehupy, afirmó que ganar no es una hipótesis, sino una certeza.
“El equipo jurídico de la Codehupy nunca perdió un caso en instancias internacionales y nuestra contraparte, el Estado, sabe perfectamente que litigar contra nosotros es perder”, advirtió.
Valiente comentó que todavía hay casos que están en curso, pero los que ganaron fueron “por goleada”. No obstante, reconoció que la Justicia no es rápida y que esperan que la resolución llegue cuando termine el periodo, por lo que la reincorporación de Kattya a su banca es impracticable, por tanto, se otorgan medidas de reparación.
El abogado destacó que esta es una oportunidad para el sistema político paraguayo, de definir si una pérdida de investidura requiere una causa o solo votos de la mayoría.
“La esencia de este caso trata sobre cuáles son los límites para proceder a destituir a un funcionario que fue electo por el voto popular, si estos límites tienen que respetar determinadas formas del debido proceso o es factible como sucede hoy que un funcionario que fue electo popularmente es destituido porque simplemente se tienen los votos suficientes sin necesidad de alegar una causa válida para una destitución, sin necesidad de respetar un mínimo procedimiento que garantice por lo menos una debida defensa”, apuntó.
