Vecinos de los asentamientos Renacer, Primavera y Comuneros, Tapyi Puahu, Kuarahy Rese y Ampliación, que ocupan un inmueble de 529 hectáreas están en alerta ante la aparición de una orden de desalojo judicial, que afecta parte de sus asentamientos. Unas 250 familias están afectadas por la orden judicial en el inmueble, por una superposición de títulos de propiedad. Hay rumores que se pretende que ocurra una masacre en el lugar, según las denuncias.
Los afectados residen en una propiedad que era del Ministerio de Agricultura y Ganadería cedida por decreto presidencial a los agricultores, ubicado sobre la ruta 6, a unos 5 kilómetros del cruce con el kilómetro 30 de la ruta 7, en Minga Guazú.
El fraccionamiento fue aprobado por la Junta Municipal en agosto del 2018 y actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Catastro, pero los moradores esperaban una rectificación de un decreto presidencial en la que se debía establecer la cantidad de hectáreas de tierras entregadas a los agricultores.
Sojero. La orden de desalojo beneficia a un sojero identificado como Marino Raiter, quien había iniciado un juicio en el fuero civil para recuperar la posesión sobre el inmueble sobre el cual posee un título de propiedad, según los antecedentes. El documento de tierras estaría superpuesto al título del MAG.
La orden judicial firmada por el juez civil Mario Aguayo ya ingresó en la Dirección Policial del Alto Paraná y actualmente se encuentra en la Comandancia de la Policía Nacional, donde deberán realizar un dictamen jurídico que determinará si se puede ejecutar o no la orden judicial.
PELIGRO. “No fuimos notificado de la orden judicial. Nos enteramos a través de terceros y vinimos a verificar en la Policía, donde nos informaron que ya estaba en la Comandancia. Nosotros presumimos que podría haber algún interés político detrás de esto para perjudicar al Gobierno, afirmó Eligio Morel, uno de los líderes del sector.
“Acá puede ocurrir algo similar a lo que pasó en Curuguaty, porque nadie va a correr de su casa. Va a ocurrir una masacre si se intenta el desalojo y luego van a buscar culparle a alguien. Se va a utilizar a la Policía y a nuestra comunidad, para que alguien se beneficie de eso”, señaló.
En los asentamientos hay escuela pública, extensión de energía eléctrica trifásico, agua potable, viviendas construidas por el Gobierno y un puesto de salud a ser inaugurado en los próximos días.
Los agricultores seguirán con sus medidas de fuerza hasta encontrar respuesta en las instituciones del Estado, para recuperar la tranquilidad en sus asentamientos. E.M.
