Elías Cabral | Canindeyú
Los jueces Mario Brítez y Samuel Silvero fueron suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Silvero, por decretar prisión preventiva a una persona por encima del límite de edad previsto en la legislación paraguaya, y Brítez, por dar trámite a un caso cuando el procesado estaba prófugo.
Inmediatamente se tomó intervención en estos casos, según la ministra Miryam Peña, ordenándose la auditoría en ambas unidades de manera a determinar si corresponde o no la sanción o destitución de los magistrados.
De esta manera, la jueza Edy Duarte, de la Cámara de Apelaciones, fue suspendida tras votar en disidencia para que Leandro da Costa cumpla prisión preventiva cuando el mismo, por la edad, ya no podía ir a la cárcel.
Los ministros de la máxima instancia judicial también ordenaron auditar el caso de Bruno José da Costa Amaral, quien guarda prisión hace más de un año por la incautación de 30 toneladas de billetes venezolanos en su casa en un barrio de Salto del Guairá.
Al respecto, la concejala Mirian Amaral, madre del procesado, denunció ante los ministros el pedido de dinero de entre 100.000 a 150.000 dólares. “De dónde vamos a sacar eso”, lamentó la mujer.
Finalmente, el Juzgado Civil, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de Curuguaty, a cargo de la magistrada Gladys Solís, está bajo auditoría luego de la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Curuguaty sobre excesiva mora judicial, entre varias otras desprolijidades en el marco de sus funciones.
Tanto la ministra Miryam Peña como el presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, Gustavo Brítez, reconocieron que existen varias necesidades aún, pero aseguraron que están realizando el máximo esfuerzo para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía.
