Las 83 familias que ocuparon un predio de cinco fincas ubicado en el barrio Ykua Karanday, de la ciudad de Luque, en el Departamento Central, decidieron desocupar pacíficamente el terreno que, según los intervinientes, pertenece al general Aníbal Regis Romero.
Al principio bloquearon el acceso a la propiedad con llantas para impedir un posible desalojo. Pero, al poco tiempo levantaron la medida tras un diálogo con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego.
Posteriormente, se constituyeron en el lugar agentes del Ministerio Público que explicaron a los ocupantes que no iban a desalojarlos, sino, más bien, que se presentaron para pedir el cese del hecho punible de invasión de inmueble ajeno denunciado ante la Fiscalía, informó el canal NPY.
“Lo que solicitamos es el cese de la comisión del hecho punible, de manera que podamos deslindar responsabilidad y para que ninguna persona sea detenida ni sea pasible de imputación y sometida a un proceso penal. Este procedimiento no es de un desalojo propiamente, por eso se viene a dialogar”, expresó un agente fiscal coadyuvante.
Tras este argumento, el representante legal de las familias asentadas en la propiedad privada expuso que hay voluntad de salir pacíficamente y evitar la violencia.
“Por la experiencia, cuando hay un operativo con un despliegue de más de 2.000 oficiales con carros hidrantes, GEO (Grupo Especial de Operaciones), cascos azules, normalmente, son violentos. Por eso queremos que se garantice que se hará con toda la mayor tranquilidad posible”, exigió.
Los ocupantes aceptaron de esta forma que los intervinientes ingresaran al terreno ocupado para que realizaran las mediciones pertinentes, mientras se tomaban el tiempo para ir recogiendo sus pertenencias y desocupar el sitio.
“En forma pacífica nos retiramos, pero no queremos que ninguno sea lastimado. Vamos a resistir y vamos a trabajar con el Parlamento, vamos a tocar puertas. Si acá no podemos estar, que nos ubiquen otro lado. Queremos un lugar nomás donde dormir tranquilos. No podemos pagar mucho por eso”, expresó uno de los pobladores.
Denuncia afectó solo a 32 familias
Finalmente, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, declaró a Última Hora que la Fiscalía procedió a la medición del terreno ocupado y determinó que solo una parte correspondía a los límites denunciados, por tanto solamente 32 familias desocuparon el área.
El resto permanecerá donde estaban debido a que están dentro de una área no reclamada.
Las familias afectadas cumplieron con el acuerdo de salir pacíficamente.
